La Justicia Federal procesó a Kwon Jin Lee por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias de 2019, con un perjuicio fiscal estimado en $153.951.662,45. La causa se originó en una operación inmobiliaria en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.
La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia procesó al empresario Kwon Jin Lee por la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2019, a partir de una operación inmobiliaria en la que compró terrenos en el barrio Industrial de esta ciudad por US$ 1,3 millones y los vendió, 41 días después, por casi US$ 8,2 millones.
La resolución fue firmada el 1 de junio por la jueza federal Eva Liliana Parcio de Seleme, quien atribuyó al empresario un perjuicio fiscal de $153.951.662,45. La magistrada consideró que Lee aplicó un tratamiento impositivo que no correspondía a su actividad y que esa diferencia le permitió ingresar menos impuestos de los que debía pagar.
El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. La jueza ordenó un embargo sobre los bienes del empresario hasta cubrir $15 millones y dispuso que permanezca en libertad mientras avanza el proceso, con la obligación de presentarse ante las citaciones judiciales.
De tres compras a una venta por US$ 8,1 millones
El expediente reconstruye las operaciones realizadas para reunir las parcelas 3 a 11 y 15 a 17 de la Manzana 93 de Comodoro Rivadavia. Lee había comprado tres terrenos en abril de 2016 por US$ 407.885. El 10 de octubre de 2019 adquirió otros ocho por US$ 500.000 y una parcela adicional por US$ 400.000. En total, las compras documentadas sumaron US$ 1.307.885.
El 20 de noviembre de ese año, 41 días después de las dos últimas adquisiciones, vendió el conjunto de las 12 parcelas a una empresa por US$ 8.176.927,95.
La diferencia entre los valores de compra y venta es uno de los datos económicos centrales de la operación. Sin embargo, el objeto de la causa penal que derivó en el procesamiento no fue determinar si el precio de los terrenos era razonable, sino establecer si el empresario había liquidado correctamente el impuesto correspondiente a esa venta.
Por qué la Justicia consideró que debía pagar más impuestos
El punto central del expediente es la forma en que Lee declaró los resultados de sus operaciones inmobiliarias. Según la resolución, el empresario aplicó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) a los terrenos adquiridos antes de 2018 y el Impuesto Cedular a los comprados después de esa fecha. El organismo recaudador, en cambio, entendió que correspondía tratar los resultados bajo el régimen de tercera categoría del Impuesto a las Ganancias, previsto para la actividad empresarial.
Para sostener ese criterio, ARCA tuvo en cuenta tanto la magnitud de la venta como la actividad declarada por el propio contribuyente: servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o arrendados.
“En resumen, la maniobra consiste en aplicar a las operaciones inmobiliarias celebradas en el periodo fiscal auditado una alícuota menor a la correspondiente, con el objeto de ingresar un impuesto menor al debido”, se lee en la resolución de la jueza.
La fiscalización también relevó las operaciones realizadas entre 2015 y 2020. De acuerdo con los antecedentes citados en el fallo, Lee compró y vendió propiedades de manera recurrente y, durante 2019, adquirió y enajenó un total de 11 inmuebles.
Entre los elementos considerados por ARCA, la resolución menciona “la cantidad de propiedades adquiridas por Lee a lo largo de su actividad comercial” y “la asiduidad y habitualidad de operaciones de compra/venta de inmuebles” entre 2015 y 2020.
Para la jueza, esos elementos permitían concluir que no se trataba simplemente de una persona que vendía propiedades de su patrimonio particular, sino de una actividad inmobiliaria que debía tributar bajo otro régimen.
La resolución sostuvo que la diferencia no respondía solamente a una interpretación tributaria discutible. Según el criterio de la jueza Parcio, el tratamiento aplicado permitió “ocultar la verdadera capacidad contributiva” del empresario y reducir el impuesto ingresado al Estado.
La defensa, por su parte, había planteado una discrepancia con el encuadre fiscal adoptado por ARCA y cuestionado que esa diferencia pudiera constituir un ardid penal. La magistrada rechazó esos argumentos al evaluar la prueba reunida durante la instrucción. “El contribuyente procuró ocultar su real capacidad contributiva, con el único objetivo de evitar el pago de los tributos que así lo obligaban”, sostuvo la magistrada en su pronunciamiento.
El monto reclamado y una discusión que sigue abierta
La suma de $153,9 millones surge de la determinación practicada por el organismo recaudador, que inició el procedimiento de oficio después de que el contribuyente no aceptara el ajuste fiscal. Ese trámite culminó con la Resolución 13/2025, del 4 de septiembre de 2025.
Al fundamentar el procesamiento, la jueza sostuvo que el empresario “obtuvo un provecho económico en detrimento de las arcas del Estado que ascendió a la suma de $153.951.662,45”.
La determinación fue recurrida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, según consta en el auto de procesamiento. Por eso, el reclamo tributario y la discusión sobre el encuadre de las operaciones no están aún firmes ni deben confundirse con una condena.
La jueza consideró que el monto atribuido superaba el umbral previsto para la evasión simple (estipulado en $100 millones por la normativa vigente) y que la documentación incorporada al expediente permitía procesar al empresario como presunto autor del delito.
Un antecedente judicial que se remonta a 2016
El nombre de Lee también apareció en el contexto de una investigación judicial que tuvo repercusión política en Comodoro Rivadavia hace una década. Según un reporte publicado por Perfil, la causa conocida como “Los Apadrinados”, iniciada por una investigación por narcotráfico, derivó en otro expediente por falsificación de moneda, en el que intervino el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.
En el marco de aquella investigación se libraron exhortos bancarios sobre personas cuyos movimientos financieros se buscaba examinar. Entre los nombres mencionados en la primera etapa de la investigación figuraba el de Kwon Jin Lee. En aquella investigación estuvieron involucrados también funcionarios públicos y empresarios, a quienes la jueza Parcio procesó en dos oportunidades por el presunto delito de lavado de activos. La primera vez, en el año 2022, la Cámara Penal anuló esa resolución, pero la magistrada llamó nuevamente a indagatoria a los imputados y reiteró el procesamiento a fines del año pasado.