Virginia Franganillo, especialista en estudios de mujer y minorías, presentó un diagnóstico sobre la reducción de políticas públicas de cuidado y el impulso de un acuerdo nacional intersectorial.
La socióloga Virginia Franganillo, especialista en el estudio de la mujer y las minorías, afirmó que en menos de un año y medio se eliminaron 48 de las 50 políticas de cuidado a nivel nacional. Lo hizo durante una entrevista en el programa Ahora en Comodoro, emitido por ADNSUR, donde detalló el trabajo de organizaciones para impulsar un acuerdo nacional que coloque las tareas de cuidado en el centro de las políticas públicas.
Franganillo explicó que desde La Cocina del Cuidado, un espacio creado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se realiza un seguimiento de las medidas implementadas a nivel nacional. Según el relevamiento mencionado, se detectó una fuerte reducción de las políticas vinculadas con esta temática.
«Los resultados fueron muy tristes: en menos de un año y medio, se eliminaron 48 de las 50 políticas de cuidado», afirmó.
Frente a ese escenario, indicó que se impulsó una mesa intersectorial integrada por organizaciones con distintas perspectivas políticas e ideológicas. El espacio reúne a las cuatro centrales sindicales, entidades vinculadas con las infancias y los adultos mayores, especialistas, universidades, representantes de la academia y la Iglesia.
El objetivo es construir una propuesta común que pueda sostenerse en el tiempo y establecer responsabilidades compartidas entre el Estado, las familias, el sector privado y la sociedad.
Por qué buscan un acuerdo nacional sobre los cuidados
La especialista sostuvo que las tareas domésticas y de cuidado continúan recayendo principalmente sobre las mujeres, una distribución que condiciona sus posibilidades de estudiar, trabajar y generar ingresos propios.
«Porque los cuidados siguen siendo invisibilizados, porque las tareas domésticas y el cuidado han sido históricamente asignados a las mujeres», señaló.
En ese sentido, remarcó que la falta de servicios y políticas públicas obliga a muchas familias a resolver por su cuenta la atención de niños, personas mayores y personas que necesitan asistencia. En los hogares con menos recursos, esta situación puede implicar que uno de sus integrantes deje de trabajar para asumir esas responsabilidades.
Franganillo también cuestionó la eliminación de herramientas que habían facilitado el acceso a la jubilación de mujeres con hijos. Según explicó, alrededor de 200.000 mujeres pudieron acceder al beneficio mediante el reconocimiento de años de aportes por tareas de cuidado, una medida que, de acuerdo con su testimonio, fue eliminada recientemente.
Para la socióloga, estas decisiones no pueden analizarse de manera aislada, porque afectan la organización económica y social de los hogares.
El cuidado como generador de empleo
Uno de los ejes de la propuesta es el potencial de las políticas de cuidado para crear puestos de trabajo y dinamizar las economías locales. Franganillo planteó que la demanda de servicios de atención y acompañamiento requiere trabajadores capacitados y una estructura que permita responder a las necesidades de toda la población.
«El cálculo que planteamos ahí en este acuerdo nacional es que se requieren 1.800.000 puestos de trabajo para cubrir las necesidades de cuidado de toda la población», afirmó.
La especialista vinculó esa estimación con la necesidad de ampliar los servicios disponibles y reconocer el trabajo que actualmente se realiza de manera no remunerada dentro de los hogares.
Además, consideró que las políticas de cuidado deben contemplar los cambios demográficos, el aumento de la expectativa de vida y las transformaciones del mercado laboral. En ese marco, cuestionó que la caída de la natalidad se atribuya a un solo sector social o político y recordó que se trata de una tendencia presente en numerosos países.
Reclaman políticas universales y continuidad
Franganillo sostuvo que las medidas destinadas al cuidado deben tener alcance universal para evitar que su continuidad dependa de las decisiones de cada gobierno. En su análisis, la experiencia reciente demuestra la importancia de establecer derechos y mecanismos institucionales que garanticen su permanencia.
«Tienen que ser políticas universales», remarcó al referirse a la necesidad de construir un sistema que abarque a distintos sectores sociales y etapas de la vida.
La socióloga también recordó que participó en la comisión redactora de un proyecto de ley para crear un sistema de cuidados, elaborado durante ocho meses con especialistas nacionales e internacionales, aunque señaló que la iniciativa no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados.
Por último, defendió el reconocimiento del cuidado como un derecho humano autónomo y sostuvo que su incorporación a las políticas públicas es central para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.
«Si no hay cuidados, no hay vidas y lo hacemos las mujeres», expresó Franganillo, al insistir en que la organización social del cuidado no constituye solamente una problemática de las familias más vulnerables, sino una cuestión que atraviesa a toda la sociedad.