Daniel Sandoval, defensor del bioquímico detenido en Esquel, declaró en una entrevista que su cliente fue víctima de extorsión y golpiza en Trevelin. La fiscalía investiga privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.
El abogado Daniel Sandoval, defensor de Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años que cumple prisión preventiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, brindó una entrevista al medio ADN Sur en la que expuso la estrategia legal del imputado. Battista está acusado de mantener a su familia en condiciones de encierro en una vivienda de Esquel, con ventanas tapiadas y sin contacto exterior.
La versión de la defensa
Sandoval afirmó que el aislamiento fue una «medida desesperada de protección» frente a un grupo mafioso que habría perseguido a Battista desde el conurbano bonaerense hasta la ciudad cordillerana. Según el letrado, la decisión de evitar el contacto exterior se tomó de común acuerdo con la esposa del detenido y respondió a un esquema de «autoresguardo» para sobrevivir a presiones externas.
El abogado sostuvo que su cliente «tiene pruebas objetivas de que fue víctima de extorsión» y detalló que «llegaron a sacarle cerca de 90 mil dólares bajo reiteradas amenazas» para que abandonara sus investigaciones. Vinculó esos hechos con la promoción de un suplemento a base de extractos de alfalfa que Battista publicitó durante la pandemia, lo que, según el defensor, generó malestar en sectores farmacológicos.
Golpiza en Trevelin y municiones
Sandoval precisó que en 2022 un grupo de personas viajó desde Buenos Aires hasta Trevelin para obligar a Battista a firmar un pagaré y someterlo a una golpiza. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Esquel, pero la causa fue archivada porque no se identificó a los agresores. El abogado también mencionó la aparición de municiones en la vereda del domicilio de Esquel como una «señal mafiosa» que habría llevado a la familia a recluirse de forma definitiva en el barrio La Cascada.
Origen familiar y silencio del entorno
El letrado reveló que el padre de Battista «ocupó altos cargos ejecutivos en el Ministerio de Transporte de la Nación» y que la madre tenía formación técnica. Agregó que cinco hermanos del imputado ejercen la medicina y la psiquiatría en la zona de Hurlingham. Al ser consultado sobre si algún familiar de las víctimas se comunicó para brindar asistencia, Sandoval respondió: «todavía no».
Pedido de fondos y situación económica
La defensa solicitó a la Justicia que libere dinero en efectivo secuestrado durante el operativo para entregarlo a la hija mayor y que pueda cancelar deudas urgentes. Sandoval afirmó que «Battista siempre funcionó como el único proveedor económico del hogar y cobraba una jubilación mínima», además de vender preparados naturales de forma particular.
El abogado cuestionó el accionar del Estado y sostuvo que «el accionar del Estado terminó disgregando al grupo al dejar a la madre inmersa en un quiebre emocional y económico, a los hijos en hogares sustitutos y al único sostén financiero preso».
La postura de la fiscalía
Las fiscales Cecilia Bagnato y Mónica Caveri sostienen la hipótesis de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado por el vínculo. Tras las primeras intervenciones en el domicilio, los equipos técnicos advirtieron en un informe oficial que los integrantes del hogar se encontraban en una «vulnerabilidad extrema» debido a las condiciones de vida.
La fiscalía anticipó que someterá al imputado a una pericia psiquiátrica obligatoria para evaluar si comprendía la gravedad de sus actos durante los años de encierro. Battista cumplirá la prisión preventiva dictada por el juez a la espera de que los menores brinden su testimonio mediante el sistema de Cámara Gesell.