La iniciativa proponía distribuir el 95% del Fondo de Asistencia Educativa Municipal en partes iguales entre cooperadoras y bibliotecas, lo que según cálculos de las instituciones reduciría sus ingresos un 52%. Tras reunirse con concejales, acordaron volver a encontrarse la próxima semana.
Las bibliotecas populares de Comodoro Rivadavia lograron frenar temporalmente un proyecto que buscaba modificar la distribución de los fondos del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM). La iniciativa generó preocupación entre las instituciones porque, de aprobarse bajo el esquema planteado, sus ingresos podrían reducirse un 52%, mientras que las cooperadoras escolares recibirían un incremento cercano al 10%.
Hugo Fernández, referente de la biblioteca popular Elum Duham, explicó que se enteraron de la propuesta de manera casual y cuestionó que no los hubieran convocado antes de impulsar el cambio. “Nosotros no nos oponemos a que el municipio colabore con las cooperadoras escolares”, aclaró Fernández durante una entrevista con ADNSUR.
Según explicó, la normativa vigente establece que el 80% de la recaudación del FAEM se destina a las cooperadoras escolares, el 15% a las bibliotecas populares y el 5% restante queda a libre disposición del Ejecutivo municipal. La modificación propuesta buscaría distribuir el 95% de los fondos en partes iguales entre cooperadoras y bibliotecas, una alternativa que, según los cálculos presentados por el referente, afectaría de manera significativa el financiamiento de estas últimas.
Fernández cuestionó especialmente la falta de información previa sobre el proyecto. “Nos enteramos de esta modificación que se quiere hacer a la ordenanza realmente de casualidad, porque uno de los integrantes de una de las bibliotecas escuchó una entrevista que le estaban haciendo a un concejal, porque si no ni siquiera nos enterábamos si hoy se hubiera modificado”, relató. Para el referente, las instituciones deberían haber sido convocadas para conocer los motivos de la iniciativa y expresar su postura antes de que avanzara el tratamiento.
Uno de los argumentos que, según Fernández, se plantearon desde la Secretaría de Cultura para impulsar el cambio es que algunas bibliotecas mantienen fondos acumulados en sus cuentas bancarias. El referente explicó que contar con dinero disponible no significa que las instituciones no lo necesiten, ya que deben afrontar gastos permanentes y prever posibles imprevistos, especialmente ante demoras en las transferencias municipales. “Nosotros no podemos trabajar con las cuentas en cero, o sea, gastando la totalidad de los fondos, porque si hiciéramos eso y ocurriera algún imprevisto, no tendríamos con qué afrontarlo”, sostuvo.
Como ejemplo, Fernández señaló que la biblioteca Elum Duham necesita alrededor de $2,5 millones mensuales para cubrir servicios, honorarios y otros gastos básicos. También explicó que los recursos disponibles son importantes para planificar mejoras y proyectos de infraestructura. “Si a nosotros nos sacan esos fondos, no podemos proyectar ninguna mejora para el futuro”, advirtió, y mencionó que la institución ya tiene un proyecto para construir un edificio nuevo. En ese sentido, remarcó que mantener una reserva económica resulta fundamental para sostener el funcionamiento cotidiano y avanzar con iniciativas a largo plazo.
El referente también comparó los montos que recibieron las instituciones durante el año pasado. De acuerdo con las estimaciones que presentó, cada biblioteca percibió aproximadamente $32 millones anuales, mientras que cada cooperadora escolar recibió cerca de $14 millones. A partir de una recaudación total del FAEM que calculó en alrededor de $1.495 millones, sostuvo que la distribución propuesta habría reducido los ingresos anuales de cada biblioteca a unos $15,4 millones. Según sus números, las cooperadoras tendrían un aumento cercano al 10%, mientras que el monto destinado al Ejecutivo municipal se mantendría en aproximadamente $74 millones. Fernández aclaró que se trata de cálculos elaborados a partir de los datos que manejan las propias instituciones.
“Las cooperadoras hay un montón de gastos que no tienen y que nosotros sí tenemos. Entonces no se puede medir con la misma vara lo que le dan a uno y lo que le dan a otro”, planteó. Además, recordó que las bibliotecas populares atienden a personas en situación de vulnerabilidad y a quienes no siempre pueden pagar por un libro o por clases particulares. Por eso, consideró que una reducción de los recursos podría limitar tanto el funcionamiento de las instituciones como los servicios que brindan a la comunidad.
Tras reunirse con concejales, las bibliotecas consiguieron frenar temporalmente la modificación y acordaron volver a encontrarse la próxima semana para exponer su situación.