La Cámara de Diputados aprobó con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones el proyecto que modifica el esquema de atención a personas con discapacidad y regulariza deudas con prestadores médicos. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y con modificaciones consensuadas, ahora será tratada por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica el esquema de atención a las personas con discapacidad y establece un mecanismo para regularizar las deudas que el Estado mantiene con los prestadores de servicios de salud. La votación resultó en 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una sesión en la que se incorporaron cambios al texto original presentado por La Libertad Avanza (LLA).
El proyecto, que ahora pasa al Senado para su revisión, contó con el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, sectores de Provincias Unidas y la mayor parte de Unión por la Patria (UP). Durante el debate, se acordaron modificaciones para atender reclamos de organizaciones vinculadas a la discapacidad y de los prestadores de servicios de salud.
Principales cambios
El texto establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y tendrá un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes. El monto adeudado a los prestadores se estima en $278.323 millones.
Además, se garantiza la actualización mensual del nomenclador de prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se refuerza el financiamiento: si las partidas del Ministerio de Salud resultan insuficientes, se podrán utilizar recursos del Tesoro nacional.
La iniciativa mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad. En cuanto a las pensiones, se establecen por ley los requisitos de acceso, que hasta ahora eran determinados por el Poder Ejecutivo: presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), evaluación socioeconómica y no contar con ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos. También se garantiza a los titulares de pensiones por invalidez el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.
Negociaciones y diferencias en la oposición
La aprobación fue resultado de negociaciones que se extendieron hasta la sesión. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado encabezó las conversaciones junto con otros referentes del oficialismo, como Giselle Castelnuovo, para acercar posiciones con los bloques opositores. Desde Unión por la Patria, las diputadas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva plantearon acompañar el proyecto si se incorporaban modificaciones vinculadas con los reclamos del colectivo de discapacidad. El diputado misionero Hugo Herrera Ahuad también tuvo un papel relevante en la elaboración del dictamen al reunir distintas propuestas y sumar cambios a la iniciativa original.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, defendió el acompañamiento al señalar que el proyecto incorporaba alrededor del 75% de los contenidos de la ley de emergencia vigente. Los nueve votos negativos correspondieron principalmente a diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora; también rechazaron la iniciativa Natalia de la Sota y Gabriela Beatriz Estévez, esta última integrante de Unión por la Patria. Los cuatro votos de abstención fueron de legisladores de la izquierda.
Tras la aprobación, desde la oposición remarcaron que el respaldo parlamentario no resuelve por sí solo el conflicto y advirtieron sobre la necesidad de que el Poder Ejecutivo garantice el cumplimiento de las medidas. La diputada Sabrina Selva planteó que el Congreso había dado una respuesta a los reclamos del sector, aunque insistió en que el Gobierno debe revisar las disposiciones cuestionadas del presupuesto.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto quedó ahora en manos del Senado, donde continuará el debate sobre el financiamiento, las pensiones y la regularización de los pagos a los prestadores que atienden a personas con discapacidad.