La Cámara de Diputados sancionó el Proyecto de Ley 109/26 que habilita el uso de redes de arrastre, triplica el tope de captura a 450 cajones y establece cinco años de permanencia en el puerto de destino para los buques que se muden. La norma recibió respaldo del oficialismo y rechazo de los bloques opositores por el impacto biológico y laboral en Camarones y Caleta Córdova.
La Legislatura del Chubut aprobó este jueves el nuevo régimen que regulará el acceso, la operatoria y el control de los permisos de la pesca artesanal en la provincia. La sesión ordinaria tuvo como foco principal el tratamiento del Proyecto de Ley 109/26, impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se sancionó con la presencia de la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y un grupo de concejales de esa localidad que viajaron para respaldar el proyecto en el recinto.
El diputado del oficialismo Emanuel Fernández ofició como miembro informante. Durante su alocución destacó que el texto fue enriquecido con modificaciones sugeridas por actores del sector pesquero. Fernández detalló que la ley establece que los barcos que cambien su puerto operativo deberán permanecer al menos cinco años en la nueva zona de destino. Según argumentó, esta pauta busca «garantizar estabilidad económica y, sobre todo, laboral». El otro punto nodal de la reforma es la capacidad operativa: el proyecto fija un nuevo techo máximo de 450 cajones por salida, una medida que el oficialismo defendió asegurando que garantiza rentabilidad sin comprometer el esfuerzo pesquero sobre las especies marinas.
En esa misma línea se expresó Daniel Hollmann, quien valoró el impacto estratégico que tendrá esta ley para Camarones y destacó la participación conjunta que tuvo el texto final. Su par Sergio González también sumó su respaldo, haciendo foco en los beneficios económicos que traerá el cambio de aparejos para los marineros. El legislador remarcó que habilitar las redes de arrastre en reemplazo de las tradicionales artes de espera «garantiza mayor producción y mayor rentabilidad a barcos artesanales que tienen costos muy elevados para poder salir».
El rechazo más firme llegó por parte del bloque Arriba Chubut. Juan Aquino advirtió sobre dos aspectos que consideró peligrosos para el futuro de la actividad en las costas patagónicas. En primer lugar, cruzó el argumento del oficialismo señalando una contradicción conceptual en la nueva ley. El legislador alertó que «al cambiar el arte de pesca de espera hacia el arrastre, estamos discutiendo la apertura hacia la industrialización». Aquino afirmó que resulta «incompatible pensar en la pesca artesanal con un método que abre las puertas al arrastre». Además, cuestionó la libre transferencia de los permisos, advirtiendo que los pequeños pescadores pueden verse presionados por las grandes empresas pesqueras, facilitando una concentración de las licencias en pocas manos.
La diputada Tatiana Goic también expuso sus disidencias y votó de forma negativa, apuntando contra el impacto biológico de la medida. La legisladora exigió conocer los estudios técnicos que avalan los nuevos topes, señalando que «no vi un informe serio que nos dé la garantía de que no se va a estresar la zona al pasar de 150 a 450 cajones». Goic fue crítica con la incorporación de la red de arrastre, recordando que bajo esa modalidad extractiva «se llevan todo» lo que encuentran a su paso en el lecho marino. En un tono de interpelación al cuerpo legislativo, se preguntó: «Si se aumenta la manera en la que se va a habilitar la captura, ¿sigue siendo pesca artesanal? Me parece que han modificado las cosas de tal manera sin tener que poner la cara». La diputada cerró su postura denunciando que la ley deja liberado a un solo funcionario provincial el poder de legislar qué sucederá frente a la pesca incidental de langostinos, advirtiendo sobre el riesgo de concentrar semejante poder de decisión.
Por su parte, el diputado Juan Pais fundamentó su voto negativo poniendo el foco en el impacto social y laboral que sufrirá la localidad de Comodoro Rivadavia. El legislador reprochó el tratamiento exprés del proyecto, que ingresó apenas el último viernes, impidiendo cualquier tipo de consulta con los sectores afectados. Pais expresó su preocupación por el vaciamiento productivo que podría sufrir la zona sur, advirtiendo que «se está abriendo la posibilidad de que aquellos que están en Caleta Córdova vayan a la ciudad de Camarones por el lapso de cinco años». En ese sentido, lamentó no haber podido escuchar a la comunidad comodorense para evaluar el verdadero impacto de la mudanza de los buques. El diputado concluyó recordando que ese sector en particular «es un pueblo dentro de una ciudad que está atravesando quizá la peor crisis de empleo de su historia», remarcando que el impacto de este tipo de leyes sobre los recursos naturales no puede sancionarse de manera apresurada.