La Justicia de Chubut abrió una investigación preparatoria contra 10 personas sospechadas de operar una red de apuestas ilegales mediante plataformas digitales y redes sociales. La causa se inició por una denuncia del Instituto de Asistencia Social.
La Justicia de Chubut abrió una investigación preparatoria contra 10 personas sospechadas de integrar y operar una red de apuestas ilegales a través de plataformas digitales y redes sociales.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal.
Luego de cuatro audiencias realizadas este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce dispuso la apertura formal de la investigación.
Cómo habría funcionado la red
Según la hipótesis de la Fiscalía, los imputados habrían cumplido funciones de cajeros y cajeras dentro de la estructura, encargándose de recibir y distribuir el dinero generado por las apuestas.
La operatoria habría utilizado redes sociales, plataformas virtuales y billeteras digitales, mediante las cuales se realizaban los ingresos, egresos y movimientos de fondos.
Los investigadores sospechan que los diez imputados podrían haber actuado como autores o partícipes necesarios de la organización dedicada a la explotación de juegos de azar sin autorización del organismo provincial competente.
Los imputados son de Comodoro Rivadavia y Esquel
Los acusados son oriundos de Comodoro Rivadavia y Esquel. Escucharon los cargos mediante videoconferencia durante las cuatro audiencias realizadas en la Oficina Judicial de Rawson.
La Fiscalía estuvo representada por la fiscal general Eugenia Domínguez, a cargo de la investigación, junto con la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg. Ocho de los imputados fueron asistidos por defensores oficiales, mientras que los restantes contaron con abogados particulares.
La causa tiene como víctima al Estado provincial, representado por el Instituto de Asistencia Social y, en el proceso, por la Fiscalía de Estado. La Justicia estableció un plazo de seis meses para la investigación, durante el cual se buscará determinar el funcionamiento de la presunta red y el grado de participación que tuvo cada uno de los imputados.