El máximo tribunal hizo lugar al reclamo de un joven de la UNLP y ordenó a la empresa entregar correos electrónicos, direcciones IP y otros datos de los administradores de las cuentas de Facebook e Instagram que lo señalaron como «abusador».
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) hizo lugar al reclamo de un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que fue señalado con graves acusaciones en cuentas anónimas de redes sociales y ordenó a Meta, empresa propietaria de Facebook e Instagram, entregar información para identificar a los responsables de esas publicaciones.
Según el expediente, las publicaciones aparecieron en una cuenta de Facebook llamada «Comisión de Género de la FaHCE» y otra de Instagram identificada como «comisiondegeneros». En ellas, el joven, identificado como F.C., era señalado como «abusador, manipulador psicológico y machista». Las publicaciones incluían su fotografía, nombre y apellido, y relataban conductas que le atribuían durante una relación sentimental con otra estudiante.
El escrache no se limitó a las redes sociales. También se pegaron afiches en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE), lo que, según denunció el estudiante, le generó exclusión social, destrato y consecuencias en su actividad como docente.
El joven recurrió a la justicia porque las cuentas eran anónimas y no podía identificar a los autores. Solicitó conocer quiénes estaban detrás de las cuentas para ejercer su derecho de defensa y eventualmente iniciar acciones judiciales.
La Universidad Nacional de La Plata informó durante el proceso que esas cuentas no eran institucionales ni habían sido autorizadas por sus autoridades. La casa de estudios cuenta desde 2015 con un protocolo para actuar ante situaciones de discriminación y violencia de género.
La Corte Suprema dejó sin efecto una decisión anterior de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata y ordenó a Meta que entregue información que permita identificar a los responsables de las cuentas. La empresa deberá aportar, entre otros datos, correos electrónicos, direcciones IP, fechas y horarios de conexión y el tipo de dispositivo utilizado.
Los jueces aclararon que la Corte no debía determinar si las acusaciones contra el estudiante eran verdaderas o falsas. El punto central del caso era establecer si correspondía identificar a quienes realizaron las publicaciones para que el joven pudiera conocer quiénes lo acusaban y ejercer su derecho de defensa.
En sus votos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el anonimato y la enorme capacidad de difusión de las redes sociales pueden aumentar el impacto de publicaciones que afectan derechos personales. Rosatti sostuvo que la falta de datos que permitieran al estudiante identificar a sus acusadores lo había colocado en una «grave situación de indefensión».
La Corte también destacó que la lucha contra la violencia de género constituye una cuestión de interés público y que el Estado tiene la obligación de prevenirla e investigarla. Sin embargo, señaló que ese objetivo no habilita cualquier forma de difusión ni elimina la protección del honor, la intimidad y el derecho de defensa.
El tribunal consideró que, por la forma en que se realizaron las publicaciones —con nombre, fotografía y la calificación de «abusador»—, se trató de «una suerte de escrache público virtual».
Con la información que deberá entregar Meta, la Justicia podrá avanzar en la identificación de quienes administraban las cuentas desde las que se realizaron las publicaciones.