La Fiscalía sostiene que el esquema habría funcionado durante 16 meses e involucra también a un empleado municipal. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2020.
Un director de una escuela de Corcovado y un empleado municipal deberán enfrentar un juicio oral luego de que la Fiscalía los acusara de participar presuntamente de un esquema para desviar fondos públicos destinados a la alimentación de los alumnos. La acusación contempla 31 hechos que habrían ocurrido entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La investigación está a cargo de la fiscal general María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, quienes sostienen que los imputados habrían intervenido en una maniobra reiterada para retirar partidas presupuestarias provinciales destinadas a la merienda de los estudiantes.
El caso se inició a partir de una denuncia formal presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III.
CÓMO HABRÍA FUNCIONADO EL ESQUEMA
De acuerdo con la acusación fiscal, la maniobra habría incluido la emisión de facturas sin respaldo real, el cobro de cheques por ventanilla y la utilización de registros contables que presuntamente no reflejaban el destino efectivo de los fondos.
La Fiscalía sostiene que el particular involucrado estaba inscripto ante ARCA bajo el rubro de prestación de servicios y no de venta de alimentos. Además, por su condición de empleado municipal, la acusación plantea que no podía desempeñarse como proveedor del Estado.
Según la investigación, algunos de los comprobantes utilizados incluso tendrían fechas posteriores al momento en que el dinero habría sido retirado.
El director del establecimiento, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría concurrido personalmente a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla, en lugar de que fueran transferidos o entregados a los proveedores correspondientes.
LOS REGISTROS Y LAS COMPRAS BAJO LA LUPA
Otro de los puntos incluidos en la acusación está relacionado con el Libro Banco de la institución. Según la Fiscalía, allí se habrían asentado pagos que figuraban como destinados a comercios o proveedores de la zona, aunque el dinero habría sido cobrado de otra manera.
Entre los registros cuestionados aparece incluso un asiento en el que habría quedado consignada una supuesta compra realizada al propio Ministerio de Educación.
Los investigadores también analizaron los productos que figuraban en las facturas. La acusación sostiene que los alimentos declarados no habrían ingresado a la escuela y que algunas de las compras no guardarían relación con el menú correspondiente al horario del refrigerio. Entre los ejemplos mencionados aparecen facturaciones de “tapas de empanadas” y “20 kilos de pollo”.
QUÉ PASARÁ AHORA
Para el Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos permiten atribuir al director la presunta autoría de las maniobras y al segundo imputado una participación necesaria.
La acusación plantea que el esquema habría provocado un perjuicio sobre partidas provinciales destinadas a la alimentación de los estudiantes y que también habría incluido presuntas irregularidades en la documentación y en los mecanismos de rendición de cuentas.
Debido a que uno de los imputados es funcionario público, el debate deberá realizarse ante un tribunal mixto. La fecha del juicio y la composición del tribunal serán definidas próximamente.
Ambos llegarán al debate en calidad de imputados. Las responsabilidades que les atribuye la Fiscalía deberán ser analizadas durante el juicio oral.