La mujer trabajaba en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario y está acusada de haber confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos en 1970. La fiscalía investiga otros cinco casos y la justicia ordenó realizarle un estudio de ADN.
Una mujer de 88 años en la ciudad de Rosario está siendo investigada por la Justicia de Santa Fe tras una denuncia. La acusan de presunta supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una beba en 1970, mientras trabajaba como partera en el hospital Roque Sáenz Peña. No sería el único caso: hay otros cinco que están siendo investigados.
La investigación está a cargo de la fiscal federal Soledad García, quien durante la audiencia sostuvo que el caso podría formar parte de una serie de hechos similares. Según explicó, se investigan al menos otros cinco casos ocurridos durante el período en que la acusada trabajó en el hospital.
La fiscal afirmó que, entre 1968 y 1980, la mujer habría separado bebés de sus madres biológicas y los habría entregado a otras familias a cambio de dinero. Las personas que denunciaron los hechos aseguran que su identidad de origen habría sido modificada.
Uno de los casos que analiza la Justicia corresponde a una mujer que fue criada como hija de la propia partera y que, con el paso de los años, comenzó a sospechar que podía no existir un vínculo biológico entre ambas.
La denunciante había realizado un estudio genético en 2012, que descartó el vínculo con quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento. La denuncia formal que dio impulso a la investigación fue presentada en abril de este año.
A partir de ese planteo, la Justicia ordenó una extracción compulsiva de ADN de la partera para determinar si existe un vínculo biológico con la mujer que fue criada como su hija.
Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que los hechos investigados no constituyen solamente una irregularidad en la documentación, ya que la utilización de certificados públicos con datos presuntamente falsos habría afectado la identidad de las personas involucradas durante décadas.
El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa y consideró que se trata de un delito continuado, por lo que resolvió formalizar la investigación.
La mujer continuará en libertad, aunque deberá cumplir una serie de medidas: presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregar su pasaporte, no salir del país, evitar cualquier contacto con las víctimas e informar si cambia de domicilio.
La Unidad Fiscal Rosario también habilitó un correo electrónico para recibir información relacionada con los hechos e identificar a posibles víctimas de la investigación.
Con información de Cadena 3, editada y redactada por un periodista de ADNSUR