La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una acción preventiva ante la Justicia Federal para frenar el proyecto Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas. La misma organización interviene en el amparo por el pasivo ambiental de Comodoro Rivadavia.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), presentó una acción preventiva de daño ambiental y soberano de incidencia colectiva para intentar frenar el proyecto Sea Lion, que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas proyectan desarrollar en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La organización también interviene en el amparo por el pasivo ambiental de Comodoro Rivadavia, donde cuestiona el acuerdo mediante el cual la Provincia aceptó liberar a YPF de responsabilidades vinculadas con los pasivos acumulados durante décadas de explotación. En ese caso, la presentación reclama que la empresa mantenga las obligaciones de recomposición ambiental.
En el caso de Sea Lion, la demanda sostiene que el proyecto avanza sobre un territorio que los demandantes consideran argentino y sin autorizaciones ambientales otorgadas por el Estado nacional. Por eso solicitan que la Justicia ordene abstenerse de realizar obras, perforaciones, movimientos del lecho marino y tendido de tuberías, y que se impida el inicio de la extracción de hidrocarburos.
La presentación incorpora además un frente financiero: piden que se frenen contratos y desembolsos destinados al proyecto y que se informe de la existencia del litigio a organismos financieros y bolsas internacionales.
En diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, la abogada Romina Araguás explicó que el objetivo de la acción no termina en conseguir una orden judicial contra las operaciones petroleras. “Necesitamos frenar los créditos”, sostuvo al referirse al financiamiento que requiere un proyecto offshore de esta magnitud.
Araguás también se refirió al reciente anuncio del gobierno nacional sobre Sea Lion. Sostuvo que existen herramientas legales para intervenir frente a este tipo de proyectos y cuestionó que no hayan sido utilizadas hasta ahora. Mencionó la legislación conocida como “Ley Solanas” (número 26.659, que establece sanciones a empresas que exploten recursos sin permiso del gobierno argentino) y recordó que ya existe una denuncia penal contra un proveedor que, según indicó, participa tanto de actividades en Vaca Muerta como del proyecto Sea Lion.
“Se ve que hay un cambio de paradigma”, planteó, aunque interpretó que la decisión responde “más a una política de campaña que a una acción soberana”.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande. Según explicó Araguás, la jueza dio intervención al fiscal, que deberá dictaminar sobre la competencia y el carácter colectivo de la acción. Los demandantes esperan además una definición sobre la medida cautelar solicitada para intentar detener el avance del proyecto mientras se sustancia la causa. Por eso, anticipó la expectativa de que podría existir “alguna novedad durante los próximos días”.