La Cancillería argentina comenzó procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas, en el marco de la Ley 26.659. La medida incluye a accionistas y empresas de servicios.
El Gobierno nacional informó este viernes que comenzó a aplicar las primeras medidas contra empresas y personas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en las Islas Malvinas. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y alcanza a 45 sujetos, entre personas humanas y jurídicas.
Según el comunicado oficial, la Cancillería dispuso “el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos” para investigar posibles incumplimientos de las prohibiciones previstas en el artículo 2° de la Ley 26.659. El Gobierno indicó que esas personas y empresas “estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas”.
El alcance de la medida incluye a compañías que participan directamente en la extracción de petróleo, así como a accionistas y empresas que prestan servicios para el desarrollo de esas actividades. El comunicado precisó que “se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.
La decisión se produce luego de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei anunció acciones para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago. El Gobierno sostuvo que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes son parte del territorio argentino, y que el avance de proyectos petroleros representa una profundización de la explotación de recursos naturales en un área en disputa.
El canciller Pablo Quirno explicó que aproximadamente 180 empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas recibieron notificaciones del Gobierno argentino. Estas compañías deberán evaluar si continúan con sus operaciones o si se retiran para evitar sanciones. La advertencia alcanza a empresas de servicios financieros, logísticos, aseguradores y otros rubros vinculados con el sector energético.
Quirno señaló que la Ley 26.659 ya establece restricciones y sanciones para actividades hidrocarburíferas en áreas disputadas sin autorización argentina, y que la medida busca reglamentar y agilizar su aplicación. Además, mencionó el desarrollo de Vaca Muerta como una alternativa para las empresas: “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”.
El principal proyecto en disputa es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, operado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%). Según estimaciones citadas por Reuters, el proyecto tendría un potencial cercano a los 1.700 millones de barriles de petróleo, con inicio de producción previsto para 2028.
Quirno calificó a las compañías petroleras involucradas en las islas como “una amenaza” y defendió la decisión de utilizar los recursos estratégicos del país como parte de la estrategia. “Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica”, afirmó durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), en Misiones.
Desde el Reino Unido, el gobierno británico rechazó la posición argentina y mantuvo su respaldo a las Islas Malvinas, sosteniendo que su compromiso con el archipiélago es “absoluto e inamovible” y defendiendo el derecho de los habitantes a la autodeterminación.