La Fiscalía solicitó la audiencia de control de acusación para ocho imputados, entre ellos exfuncionarios provinciales y particulares vinculados a la cooperativa Viento Sur, por un perjuicio estimado en más de $1.200 millones.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la fijación de una audiencia de control de acusación para avanzar hacia la etapa de juicio en una investigación por el presunto desvío de fondos públicos ocurrido entre 2022 y 2023. El expediente involucra a ocho personas, entre exfuncionarios provinciales y particulares vinculados a la cooperativa Viento Sur y organizaciones de la sociedad civil. Los exfuncionarios acusados ocuparon altos cargos durante el gobierno de Omar Gutiérrez.
La fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, presentó el requerimiento ante la Oficina Judicial. La acusación busca cerrar la etapa de investigación y habilitar el juicio, donde un tribunal colegiado deberá determinar las eventuales responsabilidades de cada uno de los imputados. La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y fue el organismo que presentó la denuncia inicial, acompañó el requerimiento del MPF.
Quiénes son los acusados
La teoría del caso atribuye el delito de administración fraudulenta, en calidad de coautores, a los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino (ambos de Desarrollo Social), además de otras personas identificadas por sus iniciales D.M., S.E.B. y L.L.V. En tanto, B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. están acusados como partícipes necesarios.
Según la acusación fiscal, la actuación coordinada de exfuncionarios y particulares habría conformado un esquema que permitió desviar fondos destinados a un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo para capacitar a integrantes de organizaciones de la sociedad civil. El perjuicio al erario provincial fue estimado en $1.208.657.600, según valores históricos.
El programa contemplaba controles obligatorios antes de cada desembolso, entre ellos la verificación de la situación institucional de las organizaciones, sus autoridades, planes de acción, padrones de beneficiarios y capacitaciones realizadas. El MPF sostiene además que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables que fueron ignorados, y que pese a ello los pagos continuaron.
El rol atribuido a cada uno de los imputados
A los exministros de Gutiérrez se les atribuye haber autorizado desembolsos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar los requisitos correspondientes y aceptando rendiciones incompletas, inconsistentes o directamente inexistentes. A D.M., S.E.B. y L.L.V. se les reprocha haber solicitado, recibido y administrado los fondos, mientras que B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. están acusados de recibir dinero sin contraprestación alguna.
Para el eventual juicio, el MPF prevé convocar a alrededor de 80 testigos ante un tribunal integrado por tres jueces.