El juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que un tribunal colegiado juzgue a tres directivos de COMARSA por acopio y vuelco de desechos tóxicos. La fiscalía sostiene que la empresa emitía certificados de suelos descontaminados sin realizar el tratamiento. El debate oral contará con unos 150 testigos y peritos.
El juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió que un tribunal colegiado sea el que juzgue a tres directivos de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) por el acopio y el vuelco de residuos tóxicos de la industria petrolera en Neuquén. La decisión, informada por el Poder Judicial provincial, cerró la etapa de Control de la Acusación y habilitó la instancia de debate oral, para la que se convocó a alrededor de 150 testigos y peritos.
La causa se originó a partir de la acusación fiscal, que sostiene que la empresa, habilitada desde mediados de 2011 para procesar suelos contaminados con hidrocarburos mediante hornos de tratamiento térmico, acopió material contaminante sin tratar en su predio y en tierras lindantes que no le pertenecían. Además, según la fiscalía, la compañía entregaba certificados de suelos tratados sin haber realizado la descontaminación, lo que le permitía seguir recibiendo residuos para su procesamiento.
Durante la audiencia de Control de la Acusación, dos de las defensas solicitaron el sobreseimiento de sus asistidos. Una de ellas argumentó que su defendido figuraba como gerente suplente, mientras que la otra señaló que el imputado no tenía injerencia en el directorio. El juez Kees rechazó ambos planteos y sostuvo que la participación concreta de cada uno se definirá en el juicio. “Podría ocurrir que luego del juicio se establezca que uno de ellos no es coautor, sino partícipe primario”, ejemplificó el magistrado.
La fiscalía y las querellas, que representan a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y a la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro, habían solicitado que el caso fuera resuelto por un jurado popular. El juez descartó esa modalidad, al considerar que está reservada para casos de abuso sexual o delitos contra la integridad de las personas con consecuencia de muerte o lesiones gravísimas y una pretensión punitiva superior a los 15 años de prisión, supuestos que no encuadran con la figura investigada.
Con la elevación firme, el expediente queda a las puertas del debate oral, donde el tribunal colegiado deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los tres imputados. La convocatoria de cerca de 150 testigos y peritos anticipa un juicio de varias jornadas en torno al tratamiento de los residuos que genera la industria petrolera en la cuenca neuquina.