La jueza Laura Martini dispuso una nueva prohibición de acercamiento. El acusado había sido detenido en Playa Unión luego de que una vecina alertara a la policía por una fuerte discusión en el domicilio.
La Justicia penal dispuso una nueva prohibición de acercamiento contra un hombre, identificado con las iniciales E.G., luego de que fuera detenido por la policía en el interior del domicilio de su expareja en Playa Unión. El imputado ingresó a la vivienda, donde la mujer reside junto a los dos hijos de ambos, vulnerando una restricción de contacto que había sido dictada previamente por un juzgado de Familia de Rawson.
La resolución fue adoptada por la jueza de garantías Laura Martini tras la realización de la audiencia de control de detención, en la cual se formalizó la apertura de investigación por el delito de desobediencia en carácter de autor.
Detención en flagrancia tras el alerta vecinal
El procedimiento que derivó en la captura del imputado ocurrió este martes. Según los datos expuestos durante la audiencia, la intervención de la Policía de Playa Unión se produjo gracias al llamado de una vecina, quien se comunicó con las autoridades tras escuchar una discusión subida de tono proveniente del interior de la casa habitada por la mujer y los menores.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia del hombre dentro del domicilio y procedieron a su inmediata detención por incumplir la orden judicial vigente que le impedía acercarse a su expareja.
Plazos procesales y continuidad de la restricción
Durante la audiencia, la procuradora fiscal Patricia Cárcamo expuso los fundamentos de la legalidad de la detención, un planteo que no recibió objeciones por parte del abogado defensor, Miguel Moyano.
Si bien el hombre recuperó la libertad tras el control judicial, la jueza Martini le impuso una nueva orden de prohibición de acercamiento que tendrá vigencia, en principio, hasta el próximo 30 de agosto. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el imputado no cuenta con antecedentes penales previos, a excepción de un hecho de características similares enmarcado en el mismo conflicto familiar. El proceso penal, que tendrá un plazo de investigación de seis meses, quedó a cargo de la fiscal general Janet Davies.