El diputado provincial de Arriba Chubut criticó la aprobación legislativa del convenio por los activos de YPF y aseguró que la Provincia liberó a la petrolera de su responsabilidad por los pasivos ambientales.
La aprobación del acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF para el traspaso de activos volvió a profundizar la polémica. Luego de la extensa sesión legislativa, el diputado provincial Juan Pais cuestionó el convenio y afirmó que la decisión representa «un día muy triste para los chubutenses», al considerar que la Provincia terminó beneficiando a la empresa al desligarla de las obligaciones por los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación.
En diálogo con ADNSUR, el legislador sostuvo que el acuerdo fue aprobado «sin información suficiente» y con un tratamiento que calificó como «displicente». Según planteó, durante el debate se puso el foco en la transferencia de bienes cuando, a su entender, el verdadero problema era la situación ambiental que deja la petrolera.
«Se aprobó un acuerdo escandaloso. Se le otorgó a YPF una carta de indemnidad, una liberación de responsabilidad por los pasivos ambientales. Es un precedente nefasto para el futuro de los chubutenses y, especialmente, para los comodorenses», afirmó.
Pais cuestionó además el monto previsto para afrontar la remediación ambiental, fijado en 25 millones de dólares. Para el diputado, esa cifra está lejos de representar el verdadero costo de los daños acumulados y criticó que la Legislatura no haya contado con los estudios técnicos necesarios antes de votar.
«Estamos seguros de que ese dinero no alcanza. Hubiésemos querido conocer las auditorías ambientales que el propio acuerdo menciona, pero ni siquiera fueron capaces de enviarlas a la Legislatura pese a que las solicitamos expresamente. Hay un destrato hacia las instituciones y una falta de respeto hacia los ciudadanos de Comodoro, que ahora tienen la certeza de que YPF no va a remediar esos pasivos», sostuvo.
El legislador también cuestionó una de las cláusulas del convenio que establece que cualquier conflicto deberá resolverse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consideró que esa disposición perjudica los intereses de la provincia y dificulta futuros reclamos contra la empresa.
Respecto del patrimonio involucrado en la transferencia, recordó que existen convenios firmados entre el Municipio de Comodoro Rivadavia e YPF durante la década del ’90 que, según explicó, generaron derechos a favor de la ciudad. «En 1995 YPF cedió la posesión de distintos bienes al Municipio mediante acuerdos a título oneroso. Aunque en muchos casos nunca se escrituraron, eso no invalida esos derechos ni habilita a que ahora esos bienes sean entregados a otra persona jurídica o al Estado provincial», explicó.
Consultado sobre los próximos pasos, Pais consideró que ahora el protagonismo pasará al ámbito judicial y al Poder Ejecutivo municipal. Si bien aclaró que no integra el equipo legal del Municipio, entendió que existen elementos suficientes para impulsar acciones. «Todo lo que se aprobó hoy es materia litigiosa. Hay convenios previos, ordenanzas y derechos que pertenecen al Municipio. A partir de ahora será el Ejecutivo municipal el que deberá definir cómo defender los intereses de los comodorenses», expresó.
Durante la entrevista también relativizó las modificaciones incorporadas al proyecto de ley, entre ellas la participación del Municipio en una comisión de seguimiento. Para el diputado, esos cambios no modifican el punto central del debate. «Eso es una engaña pichanga. Buscan que se discuta sobre los bienes cuando lo verdaderamente importante es el pasivo ambiental. El foco está puesto donde no corresponde y así se termina ocultando que la Provincia liberó de responsabilidad a YPF a cambio de migajas», afirmó.
Finalmente, Pais sostuvo que, una vez promulgada la ley, la discusión política en la Legislatura llegará a su fin, aunque aseguró que continuará manifestando su rechazo al convenio. «Como legisladores ya cumplimos nuestro rol, pero vamos a seguir señalando lo que consideramos un grave error. Ahora será el Municipio, y eventualmente la Justicia, quienes deberán definir el camino para defender los intereses de Comodoro Rivadavia», concluyó.