El proyecto de ley de lobby impulsado por el Gobierno nacional enfrenta demoras en la Cámara de Diputados. El oficialismo decidió postergar el dictamen ante las críticas de organizaciones civiles, cámaras empresarias y especialistas sobre la amplitud de las definiciones y la carga administrativa prevista.
El proyecto de ley de lobby que busca regular la gestión de intereses ante funcionarios públicos y legisladores en Argentina comenzó a transitar una etapa de incertidumbre en la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, apunta a crear un régimen de transparencia para fortalecer los mecanismos de control institucional y cumplir con compromisos internacionales contra la corrupción.
La intención original del oficialismo era obtener dictamen este miércoles e incorporar la iniciativa al temario de la sesión prevista para el 24 de junio. Sin embargo, la Casa Rosada avaló una desaceleración del proceso ante las objeciones surgidas durante el debate parlamentario.
Este miércoles, el análisis del proyecto continuó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara baja. Allí expusieron representantes de organizaciones civiles, entidades profesionales y sectores empresariales que manifestaron reparos sobre distintos aspectos del texto elaborado por el Gobierno.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la amplitud de las definiciones. Diversos expositores advirtieron que la redacción actual no diferencia claramente entre la actividad profesional de los lobistas y otras acciones habituales de participación ciudadana, como pedidos de acceso a la información pública, solicitudes de audiencias o reclamos de organizaciones sociales.
Las críticas ya habían comenzado durante la reunión informativa de la semana pasada, donde prácticamente todos los sectores convocados expresaron observaciones sobre el alcance de la norma. Esa resistencia impactó en la estrategia del oficialismo, que optó por extender la discusión.
La iniciativa busca crear un Registro Público de Gestiones e Intereses, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades destinadas a influir en decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Además, establece la obligación de presentar declaraciones juradas detallando clientes, intereses representados y beneficiarios finales de cada gestión.
El proyecto también contempla que cada encuentro entre un funcionario y un gestor de intereses quede registrado, con datos como fecha, modalidad de la reunión, dependencia, identidad del beneficiario y síntesis de los temas abordados.
Desde organizaciones especializadas señalaron que el sistema podría generar una carga administrativa excesiva tanto para funcionarios como para entidades civiles, empresarias y profesionales.
Las sanciones previstas incluyen multas de hasta 500 salarios mínimos para quienes incumplan las obligaciones, inhabilitación definitiva para ejercer actividades vinculadas a la gestión de intereses y, en casos graves como la representación clandestina de intereses extranjeros, penas de prisión de entre seis meses y tres años.
Durante el debate, distintas organizaciones coincidieron en la necesidad de avanzar hacia mayores estándares de transparencia, pero cuestionaron la falta de precisión de algunos conceptos centrales y reclamaron modificaciones antes de que el texto llegue al recinto.
El oficialismo enfrenta el desafío de encontrar consensos para que la norma no genere nuevas controversias dentro y fuera del Congreso.