Desde Casa Rosada buscan enviar el proyecto al Congreso en las próximas semanas. La iniciativa prevé endurecer penas por delitos sexuales, ampliar los casos de prisión perpetua e incorporar nuevas figuras vinculadas al crimen organizado y tecnológico.
En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, el Gobierno nacional volvió a poner en agenda la reforma del Código Penal. Desde Casa Rosada aseguran que la intención es avanzar rápidamente y enviar el proyecto al Congreso en las próximas semanas.
Si bien desde el gobierno afirman que ya venían trabajando desde hace meses en la reforma, admiten que el femicidio volvió a acelerar las discusiones internas por el fuerte impacto social, donde se reavivó el debate sobre las penas y el funcionamiento del sistema judicial.
Actualmente, el principal punto de discusión dentro del Gobierno pasa por definir qué versión del proyecto llegará finalmente al Congreso. Mientras sectores cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo aseguran que la iniciativa se encuentra demorada dentro del Ministerio de Justicia, desde el entorno del ministro Juan Bautista Mahiques afirman que están terminando de ajustar detalles técnicos y que el texto será enviado “en el corto plazo”.
La propuesta apunta a endurecer penas para violadores y abusadores sexuales, además de ampliar los casos en los que podría aplicarse prisión perpetua. También se analiza declarar imprescriptibles algunos delitos sexuales graves.
En paralelo, el Gobierno busca incorporar cambios vinculados a delitos tecnológicos y nuevas modalidades criminales. Entre los temas que incluiría la reforma aparecen el grooming, abuso sexual infantil, estafas piramidales, entraderas, salideras bancarias, motochorros, picadas ilegales y el uso de armas dentro de cárceles.
En la Casa Rosada consideran que avanzar con una reforma parcial es más viable políticamente que impulsar un nuevo Código Penal completo. La idea original contemplaba modificar integralmente la normativa vigente, que data de 1921, pero esa alternativa fue perdiendo fuerza por la complejidad del debate legislativo.
Por ese motivo, el oficialismo decidió avanzar primero con los capítulos que generan mayor consenso interno y dejar afuera temas sensibles como la modificación de la figura de femicidio o cambios vinculados al aborto.
La demora en el envío del proyecto también profundizó tensiones dentro del oficialismo. Algunos sectores cuestionan que todavía no se hayan tomado medidas concretas mientras la inseguridad vuelve a ocupar el centro del debate público.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había adelantado en marzo que el Gobierno preparaba un paquete de proyectos enfocados en seguridad y endurecimiento de penas. Ahora, tras el caso Agostina Vega, el oficialismo busca acelerar ese proceso.
Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.