La Legislatura provincial aprobó por amplia mayoría la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.786, impulsada por el gobernador Ignacio Torres tras hechos graves en Comodoro Rivadavia.
En la sesión ordinaria celebrada este jueves en la Legislatura provincial, se aprobó por amplia mayoría la adhesión de la provincia del Chubut a la Ley Nacional Nº 27.786, conocida como Ley Antimafias. La normativa fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres luego de una serie de hechos de extrema gravedad registrados en Comodoro Rivadavia, entre ellos el homicidio de un testigo clave en una causa por asesinato vinculada a clanes familiares.
La ley establece mecanismos de cooperación permanente entre organismos y jurisdicciones para combatir el crimen organizado, en un esquema de articulación de herramientas judiciales y penales. El gobernador Torres afirmó: “Hoy Chubut avanza hacia un modelo donde la Justicia deja de ser una expresión de deseo para convertirse en una realidad concreta: quienes integren organizaciones criminales van a terminar presos”.
Torres declaró que la Ley Antimafias “es una herramienta fundamental para avanzar contra organizaciones y bandas que durante mucho tiempo sembraron el miedo en nuestra provincia”. Además, sostuvo que “gracias al compromiso y al acompañamiento de los diputados que respaldaron esta iniciativa, hoy damos un paso importante para que los delincuentes sepan que en Chubut ya no hay impunidad”.
La Ley Nacional Nº 27.786 tiene como objetivo fortalecer la lucha contra estructuras delictivas organizadas, estableciendo herramientas judiciales y penales específicas para investigar y sancionar delitos vinculados al crimen organizado. La adhesión de Chubut permitirá profundizar los mecanismos de cooperación entre distintos organismos y jurisdicciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales complejas. Según los fundamentos de la iniciativa, se plantea una concepción del federalismo basada en la cooperación y la articulación entre provincias y Nación, sin resignar competencias propias y garantizando una mayor eficacia en la lucha contra el delito organizado.