La Fiscalía sostiene que la víctima fue retenida contra su voluntad, golpeada y obligada a trasladarse hasta su vivienda, donde se produjo la sustracción de distintos elementos.
Este miércoles comenzó en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia un nuevo juicio por jurados populares que tiene como imputados a Néstor Leonori, Leonardo Martearena y Martín Ojeda. Los tres están acusados por un grave hecho ocurrido el 6 de junio de 2024 y que incluye delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y robo agravado.
La primera jornada se desarrolló en los tribunales del barrio Roca, donde se declaró formalmente abierto el debate, se brindaron las instrucciones iniciales a los integrantes del jurado popular y las partes presentaron sus respectivos alegatos de apertura. Luego comenzó la etapa de producción de pruebas con la declaración de los primeros testigos convocados para reconstruir lo sucedido.
Según la teoría del caso presentada por la fiscal general Andrea Rubio, el episodio se inició cerca de las 23:36 del 6 de junio del año pasado, cuando Darío Néstor Leonori se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado sobre la calle Bombero González al 1000, en el barrio Kilómetro 8. De acuerdo con la acusación, el imputado llegó a bordo de un Ford Fiesta Kinetic y se contactó con el damnificado para solicitarle una balanza.
La Fiscalía sostiene que, mediante ese pretexto, Leonori convenció a la víctima para que subiera al vehículo y lo acompañara hasta una vivienda ubicada sobre la calle Rubén Darío al 200, detrás del Centro de Promoción Barrial de Restinga Alí. Una vez allí, siempre según la acusación, lo esperaban Martín Ojeda, Nahuel Martearena y una cuarta persona que hasta el momento no pudo ser identificada.
En ese lugar se habría producido el ataque. La fiscal relató que la víctima fue reducida por varias personas, golpeada y atada con un cable USB mientras era interrogada acerca de una supuesta sustracción de plantas de marihuana. La acusación también sostiene que durante el episodio uno de los agresores le colocó un rifle en la boca y lo amenazó para que admitiera haber participado en el robo de la plantación.
La investigación sostiene que el hombre permaneció privado de su libertad durante todo el episodio. Posteriormente, los acusados lo habrían obligado a dirigirse hasta su domicilio familiar, donde también se encontraban su pareja y un menor de edad. Allí, según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, los imputados continuaron con las amenazas y se apoderaron de distintos elementos.
Entre los objetos presuntamente sustraídos figuran ocho plantas de marihuana y tres paneles de iluminación LED utilizados para cultivo. Además, la acusación indica que antes de retirarse habrían intimidado a las víctimas para evitar que realizaran la denuncia ante las autoridades.
Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal calificó provisoriamente la conducta de los acusados como privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia e intimidación, amenazas agravadas por el uso de arma y robo triplemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, mediante la utilización de armas y con intervención de varias personas. La Fiscalía atribuye a Leonori, Martearena y Ojeda la calidad de coautores.
Durante su exposición ante el jurado popular, la defensa planteó una interpretación diferente de los hechos. El abogado Guillermo Iglesias cuestionó diversos aspectos vinculados con la producción de la prueba testimonial y sostuvo que se trata de un conflicto entre personas que se conocían previamente.
Asimismo, señaló que los acusados se dirigieron al lugar para recuperar determinados elementos y pidió a los integrantes del jurado que analicen cuidadosamente la prueba que será incorporada durante las próximas jornadas. También destacó que ninguno de los imputados posee antecedentes penales y recordó que permanecieron alrededor de ocho meses bajo prisión preventiva mientras avanzaba la investigación.
El debate es presidido por la jueza técnica Raquel Tassello, quien tendrá a su cargo la conducción jurídica del proceso, mientras que la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados quedará en manos del jurado popular. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervienen la fiscal Andrea Rubio, el funcionario Maximiliano Morsucci y la psicóloga Claudia Pis, mientras que la asesora de familia Noelia Guitian participa en representación de los menores involucrados en la causa.