Un operativo federal encabezado por la Prefectura Naval Argentina se realizó este jueves en simultáneo en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, en el marco de una investigación por presunta trata de personas y explotación laboral.
Un importante operativo federal se desplegó este jueves en distintas ciudades de la Patagonia en el marco de una investigación por presunta trata de personas y explotación laboral.
Los procedimientos estuvieron encabezados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y fueron ordenados por la Justicia Federal de Santa Cruz.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, donde las autoridades inspeccionaron inmuebles utilizados como mueblerías, centros comunitarios y espacios de asistencia social. En Comodoro, uno de los procedimientos tuvo lugar en un local de REMAR ubicado sobre calle Ameghino al 1500, en la zona de La Loma.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la investigación busca determinar si dentro de estos establecimientos existían situaciones de explotación laboral y posibles vulneraciones de derechos de personas que residían o trabajaban allí. Hasta el momento, no trascendió oficialmente si hubo detenidos ni tampoco si se secuestró documentación u otros elementos de interés para la causa.
Según lo publicado por el diario El Patagónico, los operativos fueron coordinados durante la mañana y generaron una importante presencia de personal de seguridad en cada una de las ciudades alcanzadas por la investigación. En Caleta Olivia, además, los efectivos allanaron un edificio ubicado sobre calle Misionero Beauvoir, en el barrio General Paz.
Qué es REMAR
La organización involucrada en la investigación es REMAR, una entidad de origen español que funciona en distintos países y que se presenta como una organización solidaria dedicada a la rehabilitación de personas con consumos problemáticos, asistencia social y ayuda comunitaria.
En Argentina, REMAR cuenta con hogares, iglesias, comedores, talleres y locales comerciales en varias provincias. Parte de su financiamiento proviene de la venta de muebles usados, ropa y distintos artículos comercializados en sus locales solidarios.
La causa judicial ahora busca establecer si algunas de las actividades desarrolladas dentro de esos espacios pudieron haber derivado en situaciones de explotación laboral o vulneración de derechos de las personas alojadas en la organización.