Un jurado popular declaró culpables a Marta Beatriz Caucamán y Juan José Ovejero por reducir a servidumbre a un adulto mayor de 74 años. El juez impuso penas de 9 y 7 años de prisión, respectivamente.
El Juez Penal Gustavo Daniel Castro dictó este 12 de mayo la sentencia definitiva en el caso que conmocionó a la localidad de Paso de Indios, imponiendo penas de 9 años de prisión para Marta Beatriz Caucamán y 7 años de prisión para su hijo, Juan José Ovejero. La resolución judicial se conoce semanas después de que un jurado popular de doce ciudadanos declarara a ambos culpables por unanimidad del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con lesiones leves.
En su fallo, el magistrado destacó que la sanción aplicada busca guardar proporcionalidad con un hecho que calificó como una “verdadera cosificación de la víctima”, quien fue despojada de su autonomía y dignidad durante casi ocho meses. La faena delictiva comenzó el 26 de diciembre de 2022. Marta Caucamán convenció a la víctima, Adolfo Yancamil (74 años), de viajar a Esquel para tratar supuestos problemas de salud. Una vez allí, el anciano solicitó un préstamo bancario de $150.000, suma que le fue sustraída inmediatamente por la mujer para fines personales.
Al regresar a Paso de Indios, los imputados continuaron con su plan: persuadieron a Yancamil para que vendiera su vivienda y se apropiaron del dinero, dejándolo sin hogar y trasladándolo al domicilio de los ahora condenados en la calle 9 de Julio y Sarmiento. En ese lugar, lo que se presentó como una oferta de cuidado se convirtió en un régimen de cautiverio y explotación.
Durante el juicio, se probó que Yancamil fue sometido a un trato degradante, siendo obligado a realizar trabajos físicos forzosos, como cortar leña o remover postes bajo vigilancia constante. Como castigo ante cualquier desobediencia, los imputados lo obligaban a permanecer arrodillado sobre pedregullo durante horas y le negaban sistemáticamente la comida y el agua. Además del control físico, existía un despojo económico absoluto: cada mes, los imputados llevaban al anciano a cobrar su jubilación y le sustraían el dinero bajo amenazas de golpes. Incluso se detectó la venta irregular de un vehículo Renault Megane que pertenecía a la víctima, por el cual nunca recibió pago alguno.
El calvario terminó el 30 de agosto de 2023, cuando un agente policial advirtió el pésimo estado físico de Yancamil mientras hacía un mandado. Al ser rescatado y asistido en el hospital local, los médicos certificaron un cuadro de deshidratación severa y contusiones múltiples. Los datos clínicos revelaron la magnitud del horror: el anciano medía 1,45 metros y pesaba apenas 40 kilos.
Al momento de fijar la pena, el Juez Castro rechazó el pedido de la defensa de imponer el mínimo legal, argumentando que la extrema vulnerabilidad de la víctima y la prolongación temporal del sometimiento revelan un nivel de injusto que requería un apartamiento hacia penas más graves. Con este fallo, la justicia ratifica que el abuso sistemático de la fragilidad humana en contextos de aislamiento rural no quedará impune.