La pelea entre el gobierno de la Nación, encabezado por Javier Milei, y los gobernadores de las provincias, en el medio del proceso de fin de las concesiones de las represas hidroeléctricas privatizadas en la década del 90 -la semana que viene se caen los contratos-, podría abrir la puerta a una desintegración del sistema energético nacional y una peligrosa «balcanización» de los recursos naturales.
Una propuesta de los gobernadores de la Patagonia es disruptiva. Más para plantar posición frente a futuros conflictos con la Nación que como forma viable de integración regional, los mandatarios provinciales presentaron hace 15 días en Chubut un proyecto para que las represas de Neuquén y Río Negro produzcan la energía hidroeléctrica en beneficio del Sur y vendan al resto del país la electricidad excedente. De eso se trata, centralmente, la agencia estatal interprovincial de energía que quieren crear.
Fundados en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias el «dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio», los gobernadores quieren administrar no solo la energía que genera el agua en las represas (el recurso natural, sobre el que se pagan regalías), sino también la infraestructura misma, sobre la que el Estado nacional reclama posesión por haberla construido en la época de Hidronor.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consiguió respaldo en la Legislatura para cobrar un «canon al agua» que pasa por esas centrales hidroeléctricas y que encarecerá el sistema energético nacional.
También sostiene que es «injusto» pagar un peaje ida-vuelta por el transporte de energía hacia Buenos Aires para que después la electricidad vuelva a su provincia.
Las centrales hidroeléctricas fueron concesionadas durante el gobierno de Carlos Menem y los contratos, que fueron a 30 años, vencieron el año pasado y fueron extendidos provisoriamente hasta mayo. Nación busca tiempo para definir su destino: la extensión definitiva de las concesiones, la relicitación o el pase de manos al Estado.
Las empresas privadas que hoy administran las represas son AES (Alicurá), Enel (El Chocón), Aconcagua Energía (Planicie Banderita) y Central Puerto (Piedra del Águila). La potencia instalada suma casi 4.200 megavatios (MW), casi el 10% del total a nivel nacional que tiene el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Como los contratos no se respetaron tras el fin de la Convertibilidad, algunas de las multinacionales tienen reclamos pendientes con el Estado, que eventualmente podrían activar juicios internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Una forma de saldar las diferencias sería extender las concesiones.
El costo de la energía
El negocio de estas represas mueve alrededor de 100 millones de dólares por año. La remuneración que reciben ronda los US$ 10 a 12,50 por megavatio-hora (MWh), por lo que es el tipo de energía más barata del sistema eléctrico. El promedio del sistema es de US$ 76, porque también incorpora energía térmica, renovables, otras hidroeléctricas y las centrales nucleares.
Según contaron a Clarín fuentes del sector, si se profundiza el conflicto fiscal con la Nación, las provincias patagónicas levantarán la voz para intentar que la energía de las represas quede exclusivamente para la Patagonia, donde habría una gran baja de las tarifas.
La electricidad sobrante la venderían al resto del país, algo que normativamente hoy es imposible, no solo por el funcionamiento de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que (según los planes del Gobierno) pronto dejará la intermediación del sistema, sino sobre todo por las características del Estado Nación federal.
El artículo 126 de la Constitución le fija límites a las provincias, que «no ejercen el poder delegado a la Nación» y «no pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales».
De prosperar contra todo pronóstico, el efecto sería un mayor costo de abastecimiento de energía para el resto del país, con la consecuencia de la necesidad de nuevos aumentos de tarifas para hogares, comercios e industrias o subsidios por parte del Estado nacional para sostener financieramente el sistema eléctrico, que el Gobierno quiere dejar en manos privadas.
Pero también los gobernadores de Corrientes, Misiones y Entre Ríos, por ejemplo, podrían reclamar que suceda lo mismo con las represas binacionales Yacyretá (compartida con Paraguay) y Salto Grande (junto a Uruguay).
Por fuera del sector energético, Jujuy, Salta y Catamarca quedarían habilitadas a discutir el comercio de la minería, donde el cobre y el litio tienen un gran potencial.
De vuelta en la Patagonia, en los últimos días los gobernadores se abroquelaron para defender la continuidad de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), un proyecto que en 20 años no pudo ser rentable. Además, brota la preocupación en Santa Cruz por los despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.
China levantó campamento luego de que el Gobierno mantuviera paradas las obras desde el 18 de diciembre pasado, sin renegociar una adenda para obtener un desembolso de 520 millones de dólares. Si se cayera el contrato, peligran créditos por hasta US$ 30.000 millones e incluso el swap de monedas.
NE