El padre biológico de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en circunstancias bajo investigación, presentó una ampliación de la denuncia penal. El escrito acusa a la madre y a su pareja de homicidio agravado y abandono de persona, y señala una corresponsabilidad de jueces y funcionarios de protección.
El padre biológico de Ángel López, el niño de 4 años fallecido el pasado 5 de abril en la Zona de Quintas de Comodoro Rivadavia, presentó una ampliación de la denuncia penal que modifica el curso de la investigación. El documento judicial, firmado por Luis López, imputa a la madre del menor, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, por los presuntos delitos de «homicidio agravado por el vínculo» y «abandono de persona seguido de muerte».
Además, la denuncia señala una «grave corresponsabilidad estatal» por parte de jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección de Derechos, argumentando que sus omisiones contribuyeron a crear un escenario de desprotección.
El escrito, al que tuvo acceso este medio, solicita la inmediata detención y prisión preventiva de Altamirano y González, alegando «inminente peligro de fuga» y riesgo de destrucción de evidencia. Como prueba, se cita el informe preliminar de autopsia que habría revelado «lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una etiología natural».
La denuncia también recoge testimonios de vecinos y mensajes que, según el texto, indicarían que los acusados tenían conocimiento del deterioro de la salud del niño. Uno de los pasajes menciona que un vecino habría visto humo salir de la vivienda el día del hecho, lo que se asociaría a la presunta quema de prendas de Ángel para destruir pruebas.
En un apartado institucional, el documento invoca la «Ley Lucio» (Ley 27.709), que establece la obligación de denunciar maltrato infantil, y sostiene que la cadena de decisiones y omisiones de los funcionarios intervinientes «habrían contribuido de manera determinante» al desenlace fatal.
El caso, que conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia, ahora incorpora una dimensión que podría derivar en investigaciones sobre la actuación de agentes del Estado. La Justicia de Chubut deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de detención de los imputados y si amplía la causa a los funcionarios señalados.