El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina, una normativa que introduce cambios relevantes en el tratamiento judicial de los delitos cometidos por adolescentes. Entre las principales modificaciones se destaca la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años.
La medida fue oficializada mediante el decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, luego de que el proyecto obtuviera la aprobación del Senado de la Nación Argentina durante las sesiones extraordinarias. En la Cámara alta la iniciativa fue sancionada con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El nuevo marco legal establece un sistema de responsabilidad penal específico para adolescentes, con sanciones que se aplicarán de acuerdo con la edad del imputado y las circunstancias del delito. Según el texto de la ley, el régimen deberá orientarse principalmente a la educación, la resocialización y la reintegración social de los jóvenes que entren en conflicto con la ley penal.
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En ese sentido, la normativa indica que las medidas adoptadas por la Justicia deberán priorizar la formación, el acompañamiento y la inserción social del adolescente, con el objetivo de reducir el riesgo de reincidencia. La privación de la libertad queda definida como el último recurso posible y deberá aplicarse por el período más breve que resulte necesario.
El presidente Javier Milei, junto a la presidenta del bloque de LLA en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
Luis Robayo/ AFP
Además, el nuevo régimen prohíbe de forma expresa las penas perpetuas o de carácter indefinido para menores de edad. Tampoco podrán generarse antecedentes penales permanentes como consecuencia de delitos cometidos durante la adolescencia.
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Otro punto clave de la ley establece que, en caso de que un adolescente sea detenido y resulte indispensable su alojamiento en un establecimiento cerrado, este deberá realizarse en espacios especialmente acondicionados para menores. La normativa también prohíbe que los adolescentes detenidos compartan lugares de encierro con personas adultas.
El texto también dispone que los procesos judiciales que involucren a menores deberán tramitarse con mayor celeridad. En particular, se establece que los casos en los que el adolescente esté privado de su libertad deberán tener prioridad en la agenda judicial. Si existiera una dilación injustificada en el avance de la causa, el magistrado interviniente podrá ser considerado responsable de falta grave y enfrentar sanciones disciplinarias.
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En los casos en que los menores resulten inimputables, la ley prevé que intervenga la Justicia civil para investigar lo sucedido y determinar la aplicación de medidas de protección o tratamiento, priorizando el enfoque socioeducativo.
Se va a priorizar el enfoque socioeducativo.
La Nación
La normativa también introduce cambios en relación con los derechos de las víctimas. El nuevo régimen reconoce expresamente su participación en el proceso penal juvenil y garantiza que puedan ser informadas sobre el avance de la causa, expresar su opinión en las distintas etapas judiciales y solicitar medidas de protección.
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Asimismo, se contempla la posibilidad de que las víctimas accedan a mecanismos de reparación. En ese marco, la ley habilita que los padres o responsables legales del adolescente respondan civilmente por los daños ocasionados, de acuerdo con lo que determine la sentencia judicial.
Por otro lado, se prevén instancias de conciliación y mediación cuando el tipo de delito lo permita y siempre que la víctima otorgue su consentimiento de forma libre e informada. Estas herramientas buscan promover soluciones restaurativas que permitan reparar el daño causado y evitar la escalada del conflicto.
Finalmente, el régimen establece la obligatoriedad de que jueces, fiscales y defensores que intervengan en este tipo de causas cuenten con formación especializada en justicia penal juvenil, con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado de los adolescentes en el sistema judicial.