El gobierno de Javier Milei firmó este jueves el acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos. “Con ustedes, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos”, celebró el canciller Pablo Quirno desde su cuenta de X. Más allá del tono triunfalista del oficialismo, lo que se conoce hasta ahora del entendimiento exhibe una profunda asimetría entre los beneficios que obtendrá Estados Unidos y los compromisos estructurales que asume Argentina.
El acuerdo implica una reconfiguración de fondo del vínculo económico, político y geopolítico bilateral, con concesiones de largo alcance del lado argentino y beneficios acotados, condicionados y reversibles para el país. Lejos de un “trato entre pares”, se consolida una relación subordinada, en la que Argentina abre su mercado, resigna capacidad regulatoria y se alinea estratégicamente con Washington.
El marco general del acuerdo había sido anunciado por la Casa Blanca en noviembre pasado. Aunque todavía no se difundió el texto completo, el gobierno confirmó que será enviado al Congreso para su tratamiento, en un contexto de ajuste brutal, graves problemas económicos y financieros.
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Uno de los ejes centrales del acuerdo es la eliminación de barreras comerciales para los productos estadounidenses. Argentina se compromete a suprimir licencias de importación o convertirlas en automáticas, aceptar normas técnicas y sanitarias de Estados Unidos sin controles adicionales y eliminar cualquier regulación que pueda ser considerada un “obstáculo al comercio”.
En los hechos, esto facilita el ingreso masivo de bienes industriales, alimentos y manufacturas estadounidenses, profundizando la competencia externa sobre sectores de la industria y el agro argentinos, ya castigados por la recesión, el dólar barato y la caída del consumo interno. El acuerdo habilita, además, cupos de importación libres de aranceles para productos clave: carne vacuna, quesos, vinos, alimentos procesados, azúcar, chocolates y hasta 10.000 vehículos por año, lo que amenaza con agravar la sustitución de producción nacional por importaciones.
El texto de 37 páginas difundido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no da información clara sobre las ramas y productos que se verán afectados por el acuerdo, pero si desarrolla toda una serie de imposiciones sobre la Argentina entre las que se destacan:
- Límites a la política industrial y ataque a las empresas públicas: el acuerdo restringe explícitamente los subsidios y apoyos estatales a empresas públicas, en línea con el proceso de privatizaciones impulsado por la Ley Bases. Exige, además, “trato no discriminatorio” para las empresas estadounidenses frente a actores locales.
- Inversiones, recursos naturales y saqueo de minerales críticos: el capítulo de inversiones deja en claro la orientación del acuerdo, Argentina se compromete a permitir y facilitar la inversión estadounidense para explorar, extraer, procesar y exportar minerales críticos y recursos energéticos, además de infraestructura estratégica en energía, transporte y telecomunicaciones, en condiciones no menos favorables que las otorgadas a inversores locales. Se trata de un marco legal pensado para garantizar el acceso del capital estadounidense al litio, el cobre y otros recursos estratégicos, profundizando el saqueo y la dependencia.
- Vaciamiento de organismos de control y pérdida de soberanía sanitaria: se establece el reconocimiento automático de las autorizaciones de organismos estadounidenses como la FDA y el USDA para medicamentos, dispositivos médicos, carnes y productos agroalimentarios. Argentina renuncia así a exigir inspecciones y evaluaciones propias. Esto implica un vaciamiento práctico del rol de organismos nacionales como ANMAT y SENASA.
- Alineamiento geopolítico y subordinación estratégica: más allá del comercio, el acuerdo avanza sobre la política exterior y de defensa. Argentina se compromete a coordinar controles de exportación, sanciones económicas y políticas de inversión con Estados Unidos, acompañar medidas comerciales adoptadas por Washington por “seguridad nacional” y evitar acuerdos estratégicos con los países que Estados Unidos decida.
Vender sometimiento como beneficios para la economía argentina
Donald Trump viene ofreciendo un respaldo político clave a Milei a cambio de que Argentina limite la presencia de China, facilite el ingreso de capitales yanquis y avance en proyectos estratégicos, como la energía nuclear o incluso la instalación de una base militar estadounidense en Tierra del Fuego. Pero desde La Libertad Avanza resaltan sólo algunos dólares que ingresarían al país (para probablemente volver por otras vías a la economía norteamericana) para disfrazar el acuerdo de una vía de progreso para el país.
Según Cancillería, Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos, lo que permitiría recuperar exportaciones por unos US$ 1.013 millones. También se anunció una ampliación del cupo de carne bovina hasta las 100.000 toneladas, lo que el Gobierno estima en un ingreso adicional de unos US$ 800 millones. Sin embargo, estos beneficios (de ser reales porque no constan en el acuerdo publicado) son parciales y discrecionales. Estados Unidos se reserva amplias facultades para reintroducir aranceles, aplicar medidas unilaterales o invocar razones de seguridad nacional. En contraste, las obligaciones asumidas por Argentina son profundas y estructurales.
Un acuerdo en medio de la incertidumbre económica y financiera
La firma del acuerdo se da en un contexto de tormenta financiera y deterioro acelerado de la economía real. Por tercer día consecutivo, los bonos y acciones argentinas se hundieron, el riesgo país se acercó a los 520 puntos básicos y las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta un 11%.
En el plano interno, el S&P Merval volvió a caer, con fuertes bajas en bancos y empresas de servicios, mientras los datos de la economía real son cada vez más alarmantes: la recaudación impositiva de enero cayó 7,4% en términos reales, la industria automotriz se desplomó un 20% respecto de diciembre y las exportaciones del sector cayeron un 50% (según datos recientes de Adefa). El último informe del SIPA (elaborado por el Ministerio de Trabajo), marca que solo en octubre de 2025 se perdieron 23.339 puestos de trabajo registrados.
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En paralelo, el Fondo Monetario Internacional confirmó el envío de una misión técnica a Buenos Aires para revisar las metas de reservas y superávit fiscal y destrabar un nuevo desembolso de US$ 1.000 millones, pese al incumplimiento de objetivos. Todo indica que el organismo otorgará un nuevo waiver (perdón) por el incumplimiento de acumulación de reservas, mientras exige más ajuste.
Milei busca avanzar en una reestructuración regresiva de la economía, al servicio del capital financiero imperialista, para consolidar una Argentina más atrasada, más primarizada y más dependiente. El acuerdo con Estados Unidos es una pieza central de ese proyecto. Frente a esta nueva entrega de soberanía, es necesario rechazar el acuerdo de Milei con Trump y con el FMI, impulsar la más amplia organización y movilización del pueblo trabajador y abrir un camino de verdadera soberanía, expulsando al imperialismo y poniendo los recursos estratégicos al servicio de las mayorías populares.