La Cámara de Diputados será protagonista de un debate que fijará la atención de todos los argentinos la próxima semana: el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, que buscará bajar la edad de imputabilidad de los menores. La fecha ya está pautada: será el 12 de febrero próximo. Los sectores, a favor y en contra, ya se han manifestado. Ahora, todo dependerá de los acuerdos que se logren dentro del recinto sobre esta iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Para habilitar la sesión, el martes 10 se constituirán formalmente las comisiones y el miércoles 11 se realizará el plenario en el que se firmará el dictamen que llegará al recinto. El debate estará encabezado por la Comisión de Legislación Penal, junto a Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes.
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El eje central del proyecto es reducir la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, un consenso que ya se había alcanzado en el dictamen de mayoría del año pasado, aunque ese texto perdió estado parlamentario. Sin embargo, el Gobierno insiste en llevarla a 13 años, una postura que no cuenta con el respaldo de los bloques aliados.
Baja de la edad: el gobierno buscaba que sean los 13 años, sin embargo, y ante la falta de acuerdo, se acordó en 14 años.
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La iniciativa establece un nuevo régimen penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, derogando la Ley 22.278. El texto pone especial énfasis en la reinserción social, con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación e integración social”.
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Entre los puntos destacados, el proyecto limita la privación de la libertad solo a casos excepcionales y resguarda la identidad del menor durante el proceso judicial. También habilita penas alternativas para delitos con condenas de hasta 10 años, como amonestaciones, servicios comunitarios o reparación del daño, siempre con aval del fiscal y la opinión de la víctima.
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Para delitos graves, se prevén penas privativas de libertad, ya sea domiciliaria o en institutos especializados, con un máximo de 15 años. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, atención en salud mental y consumo problemático de sustancias, y una estricta separación de detenidos adultos.
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Además, se incorporan herramientas como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba para delitos menores. El proyecto entraría en vigencia 180 días después de su publicación e invita a las provincias a adecuar sus normativas.
Desde el oficialismo sostienen que la ley vigente está “desfasada” frente a las nuevas modalidades del delito, mientras que desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad.
Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR