En su primera sesión con la nueva composición y luego de la aprobación del Presupuesto 2026, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal que busca incentivar el uso de dólares no declarados, más conocido como “dólares del colchón”. Fue el último tema tratado por el Congreso este año y representó la aprobación del segundo de los temas incluidos en extraordinarias que se aprobaron este mes de diciembre.
La iniciativa obtuvo 43 votos positivos de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro, la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños de Por Santa Cruz; Camau Espínola, la salteña Flavia Royón y Luis Juez; mientras que hubo 26 votos negativos y ninguna abstención.
Votaron en contra votaron los miembros del interbloque que conduce José Mayans, donde faltaron el catamarqueño Guillermo Andrada, el sanjuanino Sergio Uñac. Tampoco estuvo presente a la hora de votar la cordobesa Alejandra Vigo.
El proyecto introduce una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario. Propone un cambio estructural en la relación entre el Estado y los contribuyentes, basado en la presunción de inocencia.
Se redefinen los criterios para la configuración de los delitos fiscales, priorizando la intervención penal en los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
La iniciativa introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal, y establece límites precisos al inicio y a la continuidad de los procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias relevantes, reforzando la previsibilidad y reduciendo la discrecionalidad en los procesos de fiscalización.
También se crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, incentivar la formalización y garantizar que la información patrimonial no sea utilizada como mecanismo de persecución futura.
En cuanto a los umbrales a partir de los cuales se considera delito la evasión, aumenta de$1,5 a $100 millones (simple) y de $15 a $1.000 millones (agravada). En tanto, para la evasión de seguridad social sube de $200 mil a $7 millones; y para el uso de facturas apócrifas el piso para ser perseguido aumenta de $1,5 millones a $100 millones.
Sobre el Régimen Simplificado de Ganancias, se establece un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA sólo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado) y de esa base se deducirán los consumos.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.