La empresa Profand difundió este sábado un comunicado en el que manifestó su profundo malestar por la decisión del Gobierno del Chubut de rescindir de manera unilateral el contrato de explotación de los activos de Alpesca, firmado el 30 de septiembre pasado.
La determinación provincial se conoció en vísperas del inicio de la campaña de langostino en aguas provinciales, un hecho que, según la compañía, “agrava aún más las consecuencias de la medida”.
En el documento, Profand remarcó que cumplió “estrictamente” con todas las cláusulas contempladas en el acuerdo. La firma sostuvo que, desde la toma de posesión de la planta, “avanzó en un proceso de inversión acelerado destinado a poner en funcionamiento las instalaciones, además de asumir la contratación y el pago integral de los salarios de todo el personal incorporado”. Según la empresa, estas acciones responden al compromiso asumido y eran parte esencial del esquema operativo previsto para reactivar la infraestructura heredada de Alpesca.
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El comunicado detalla que el 4 de noviembre la empresa solicitó formalmente a la Provincia la entrega de los permisos de pesca y de los buques pertenecientes a Alpesca S.A. para su operación por parte de Pesquera Deseado, tal como establecía el contrato de arrendamiento. Ese pedido, aseguran, tenía como objetivo garantizar la explotación plena de los activos asignados y permitir un funcionamiento coordinado con el inicio de la temporada de langostino, una de las más relevantes para el sector.
ILUSTRATIVA / Red Chamber
Sin embargo, días después, la administración provincial notificó a Profand que no estaba en condiciones de cumplir con las obligaciones que había asumido y que, por esa razón, daba por concluido el contrato. La empresa cuestionó duramente esta postura y calificó la decisión como una “rescisión unilateral” del acuerdo, haciendo hincapié en el impacto que esta medida genera tanto en la planificación operativa como en la inversión realizada desde septiembre.
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En el texto difundido, la compañía española afirmó que la situación expone una “preocupante falta de seguridad jurídica” para las empresas que buscan desarrollarse en el país. Según interpretaron, el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte del Estado provincial “genera un escenario de incertidumbre que desalienta la inversión y compromete la confiabilidad de futuros acuerdos con actores privados”. Este señalamiento se suma a las críticas formuladas por cámaras empresariales en diversas oportunidades respecto del vínculo entre el sector pesquero y las gestiones provinciales.
Comunicado de prensa de Profand
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No obstante la tensión generada por la decisión del Gobierno, Profand aseguró que “mantiene la firme intención de defender sus intereses por las vías que correspondan”. Aunque no se detalló qué acciones legales podrían seguir, la compañía sostuvo que “actuará en protección de sus derechos frente a lo que considera una ruptura injustificada del contrato de arrendamiento”. En el sector no descartan que la disputa escale a instancias judiciales, dado el tenor del comunicado y los antecedentes recientes de conflictos similares en la provincia.
Sobre el final del escrito, la empresa agradeció al equipo de trabajo que participó en la puesta a punto de la planta, destacando el esfuerzo realizado en un período breve y bajo condiciones desafiantes. También reiteró que las mejoras iniciadas formaban parte de un plan a largo plazo que queda ahora en suspenso ante el cambio de postura del Gobierno provincial.
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La cuestión se produce en un contexto marcado por la decisión oficial de permitir que la firma Pesquera Deseado continúe de forma transitoria operando la planta de la ex Alpesca hasta que Red Chamber Argentina —empresa que mantuvo un prolongado litigio por la explotación del complejo— esté en condiciones de retomar la actividad. Este movimiento, según fuentes del Ejecutivo, tenía como finalidad evitar mayores perjuicios operativos en plena antesala de la temporada de captura.