El Coimasgate, también denominado Karinagate, se instaló en la agenda como un nuevo capítulo de una serie de crisis no resueltas por el oficialismo: del Libragate al fentanilo contaminado, pasando por la derrota legislativa en torno a la ley de emergencia en discapacidad. Según el informe de Zuban Córdoba, la percepción ciudadana es que el gobierno de Javier Milei acumula conflictos sin clausura y responde con negación, ocultamiento y subestimación.
La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto sobre 1.200 casos, muestra que la credibilidad presidencial está fuertemente dañada: un 62% cree que la reacción oficial fue improvisada. Además, 7 de cada 10 argentinos no pondrían las manos en el fuego ni por Karina Milei ni por los hermanos Menem, mientras que un 65% exige que los funcionarios involucrados renuncien y se pongan a disposición de la justicia.
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El impacto trasciende lo político
Un 61% considera que el escándalo tendrá consecuencias negativas en los mercados, y un 58% advierte que puede generar una caída en la confianza de los inversores. Este dato es clave en un contexto económico frágil, donde cualquier crisis reputacional se traduce en inestabilidad financiera.
La encuesta también revela una sangría electoral para el oficialismo: un 12% de quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023 ya no lo volverían a votar tras el escándalo, lo que se suma a un 13% que ya había decidido retirarle su apoyo antes de esta crisis. En un año electoral, incluso pequeñas fugas de voto pueden inclinar la balanza. En términos comparativos, los argentinos consideran al Coimasgate más grave que el Libragate: un 45% lo señala como el escándalo de mayor peso, frente a un 22% que equipara ambos. Además, un 47% cree que el gobierno de Milei es más corrupto que las gestiones anteriores, mientras que apenas un 22% sostiene que no lo es.
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Imagen presidencial en picada
El dato más contundente es la erosión estructural de la imagen presidencial. Dos de cada tres encuestados creen que la reputación del Gobierno empeoró tras el caso, y más de la mitad (56%) está de acuerdo en que Milei debería ser sometido a juicio político.
El Coimasgate aparece así no solo como un episodio más de desgaste, sino como una policrisis —en palabras del analista Mario Riorda— que combina incertidumbre política, riesgo judicial, daño reputacional y consecuencias económicas. En palabras del estudio: “algo se quiebra para siempre cuando un gobierno empieza a ser percibido como corrupto”.