El escenario judicial y económico no deja de complicarse para Lácteos Vidal, que a menos de un mes de haber sido sancionada con un embargo multimillonario, ahora recibe una medida similar que atenta contra su continuidad operativa. A fines del mes pasado, la Justicia hizo lugar a las denuncias elevadas por el gremio ATILRA y fijó un embargo preventivo por 168 millones de pesos. La medida quedó en suspenso pero ahora otra decisión similar impuso una pena de $47 millones en concepto de multas, y la compañía abonará casi $6 millones por cada uno -8 en total- de los ex empleados que se presentaron judicialmente contra la lechera. Lácteos Vidal viene de denunciar al juez interviniente bajo la sospecha de actuar alineado con los intereses del sindicato ATILRA.
El nuevo embargo aplicado a la firma fue establecido por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 69 y en el marco de la batalla legal que la compañía viene sosteniendo con el sindicato. Esto, por los despidos aplicados a ex trabajadores que bloquearon a la compañía durante 2022.
Otro embargo que complica a Lácteos Vidal
«Nueve de Julio trabajando para pagar embargos. Parece que la libertad es cara en este país, pero bueno, no tiene precio«, declaró, respecto del nuevo revés económico y judicial sufrido, Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de la empresa láctea.
«Se amanece con nuevo embargo de 47 millones de pesos. Porque bueno, a pesar de que las empresas tenemos supuestos derechos de despedir y contratar, parece que algunos jueces no se enteraron y entonces ponen multas por no reincorporar gente que no podemos reincorporar porque hacemos alimentos», agregó.
Para enseguida subrayar: «Tenemos derecho además de trabajar libremente con quien necesitamos y queremos trabajar».
Según se indicó, la nueva resolución emerge tras establecerse que Lácteos Vidal incumplió con los depósitos correspondientes a las astreintes liquidadas por los trabajadores, motivo por el cual las sumas devinieron en ejecutables.
A raíz de esto, la Justicia ordenó un embargo ejecutorio por $47.023.774,32, monto que deberá ser transferido al Banco Ciudad, sucursal Tribunales.
En paralelo, se dispuso un embargo preventivo por algo más de $120 millones, que tendrá como fin cubrir sendas astreintes devengadas desde el inicio del trámite en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
Además, se informó que la medida judicial beneficia a 8 ex empleados, a saber: Haroldo Rodríguez, Fabio Quiroga, José Pellejero, Juan Manuel D’Amico, Walter Corvalán, Juan Carlos Chinesnuck, Walter Cerri y Claudio Anidos. Y que cada uno de ellos recibirá casi $6 millones en concepto de sanciones ya ejecutadas.
Lácteos Vidal: fuerte malestar con el juez de la causa
Lo establecido por la Justicia recrudeció el malestar de la compañía con Ignacio Ramonet, el juez a cargo de la causa, quien el mes pasado fue señalado por establecer dictámenes que coinciden con los pedidos que viene realizando ATILRA.
Es a partir de esa presunción que la cúpula de la compañía a través de su apoderado, Eduardo Darriba, presentó en junio una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que «se investigue la misma y se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito«, siempre en alusión a las resoluciones de Ramonet.
De acuerdo a fuentes al tanto de la contienda judicial, en la denuncia se menciona la presión ejercida por el sindicato para lograr la reincorporación de los despedidos, y además se hace hincapié en cómo el juez en entredicho viene haciendo lugar a las presentaciones legales de ATILRA.
Lácteos Vidal observa una presunta predisposición judicial orientada a atender más la postura y el reclamo sindical antes que revisar los argumentos de la pyme. Y remarca que, de persistir esta conducta, el resultado será la parálisis completa de la compañía, con un perjuicio directo para todos los actores ligados a la firma, incluidos sus empleados, dueños y proveedores.