Este jueves, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH) presentará denuncias penales contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ante la Fiscalía de Rawson. La medida se concretará luego de que la entidad, junto al sindicato SITRAJUCH, accediera a documentación oficial que revela una serie de irregularidades dentro del máximo órgano judicial de la provincia.
Entre los puntos más sensibles detectados se encuentran designaciones sin concurso, ascensos arbitrarios, falta de resoluciones administrativas, el uso discrecional de fondos reservados y el cobro de viáticos diarios por parte de los ministros del STJ, además de adicionales por “gastos de investidura” y por ocupar la presidencia o vicepresidencia del cuerpo.
Este miércoles, la jueza Marcela Pérez Bogado, secretaria de la Asociación, sostuvo que la situación expone una crisis de fondo en el Poder Judicial. En declaraciones a El Diario Web, remarcó que el conflicto que atraviesa la justicia provincial no es exclusivamente salarial, sino institucional, y que se están vulnerando principios esenciales del funcionamiento judicial. “Queríamos mostrar que no estamos de acuerdo con determinadas situaciones que marcan una crisis institucional hacia adentro de nuestro lugar de trabajo”, expresó.
Pérez Bogado destacó la amplitud del consenso que se logró en las últimas reuniones, donde también participaron representantes del Colegio de Abogados de Puerto Madryn. La jueza subrayó que hay una coincidencia entre empleados, funcionarios, magistrados y abogados litigantes sobre la necesidad de diferenciar lo que ocurre en las bases del sistema judicial respecto a lo que sucede en la cúpula del STJ.
La Asociación de Magistrados ya cuenta con un mandato definido en una asamblea extraordinaria realizada el pasado 11 de junio, que habilita a avanzar con un pedido de juicio político contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, además de las acciones penales que se concretarán esta semana.
Pérez Bogado también advirtió sobre el avance de sectores políticos sobre las decisiones judiciales, y citó como ejemplo el caso de un juez que fue públicamente cuestionado por el gobernador tras fallar a favor de una mujer trans en un litigio contra una obra social. “No podemos permitir que por decidir en base a una convención o a una ley de orden público, un magistrado termine sentado en el Consejo de la Magistratura por cumplir con la ley”, advirtió.
En ese marco, rechazó las críticas que acusan a la Asociación de querer impedir que la ciudadanía se pronuncie. “Sería ilógico e irrisorio que la Asociación de Magistrados no defienda la independencia judicial. Es nuestro deber institucional”, señaló. Además, recordó que la propia Constitución Provincial contempla mecanismos para proteger la libertad de decisión de quienes ocupan cargos sensibles dentro del Poder Judicial.
Por último, confirmó que la Asociación ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma a la ley de fueros judiciales, que actualmente está siendo analizada por el Superior Tribunal de Justicia.