POLÍTICA
ADN defendió su competencia frente al intento de la Revolución Ciudadana por tomar control del caso desde otra comisión
La investigación sobre los contratos estatales con la empresa Progen provocó un nuevo conflicto político en la Asamblea Nacional. La asambleísta Diana Jácome (ADN) denunció que la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por el correísmo, intentó intervenir a pesar de que el caso ya había sido asignado a la Comisión de Transparencia.
El Consejo de Administración Legislativa ya había resuelto que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana debía encargarse de la fiscalización. La mesa está presidida por Jácome y tiene mayoría de legisladores de ADN y aliados, lo que generó resistencia del bloque de la Revolución Ciudadana.
La disputa se intensificó cuando el correísta Blasco Luna propuso que el Pleno asuma el caso y convoque a la ministra de Energía. Sin embargo, la propuesta fue bloqueada por los votos de ADN y una facción de Pachakutik, que impidieron una ofensiva desde la oposición.
| La Derecha Diario
El conflicto político gira en torno a los contratos con Progen para proyectos eléctricos que hoy enfrentan retrasos y arbitrajes internacionales. La empresa argumenta que parte de los retrasos se deben a la falta de informes de ingeniería por parte de Celec.
Jácome aseguró que su comisión no será un “archivo legislativo” y que iniciarán una fiscalización técnica y transparente. La Comisión de Transparencia prepara un cronograma de comparecencias para esclarecer el proceso sin interferencias externas.
La disputa por el control del caso Progen revela cómo las pugnas partidistas afectan la labor de fiscalización en la Asamblea Nacional.Una investigación rigurosa y sin sesgo político es necesaria para evitar el uso del control legislativo como herramienta de desgaste.
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