El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y devolvió a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de revisar y aprobar los incrementos de cuotas de medicina prepaga.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga deberán solicitar autorización al Gobierno nacional antes de aplicar aumentos en las cuotas de sus afiliados. La decisión restablece el control previo del Estado sobre las variaciones tarifarias del sector y devuelve a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la potestad de revisar los incrementos propuestos por las compañías.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Esas disposiciones habían eliminado la intervención estatal en la autorización de los aumentos de las cuotas de medicina prepaga y habilitado a las empresas a establecer libremente sus valores.
Entre los argumentos de la resolución, los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no había presentado fundamentos suficientes para justificar la eliminación de los mecanismos de regulación. En ese sentido, señalaron que «no basta con invocar una emergencia genérica» para modificar las condiciones de funcionamiento de un sector que presta servicios vinculados con la salud. También sostuvieron que no se había demostrado una necesidad ni una urgencia concreta que justificara retirar al Estado de la fiscalización de los valores.
A partir de esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud vuelve a tener la facultad legal de revisar, fiscalizar y autorizar previamente las variaciones tarifarias solicitadas por las empresas. Para establecer si corresponde aprobar los incrementos, deberán utilizarse los mecanismos de evaluación previstos en la normativa vigente, que contemplan el análisis de las estructuras de costos de las compañías y el cálculo actuarial.
De esta manera, los aumentos ya no podrán quedar exclusivamente sujetos a la decisión de las empresas, sino que deberán atravesar una instancia de revisión por parte del organismo estatal. La resolución también modifica el criterio que había establecido anteriormente la Cámara Federal de La Plata, que disponía que las actualizaciones de las cuotas debían ajustarse automáticamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La Corte revocó ese tramo de la sentencia y estableció que el control de los incrementos deberá realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes, sin imponer una actualización automática vinculada con la inflación. Además, aclaró que la declaración de inconstitucionalidad alcanza únicamente a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y que la resolución no implica un pronunciamiento sobre la validez del resto del decreto.
El fallo se dictó en el marco de la causa «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo ley 16.986», iniciada por una afiliada que cuestionó los aumentos aplicados por la empresa de medicina prepaga después de la entrada en vigencia del DNU. En su presentación judicial, María del Carmen Bobbio solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos que habían desregulado los valores de las cuotas y que se dejaran sin efecto los incrementos dispuestos por la compañía.
Uno de los puntos centrales del reclamo estuvo relacionado con el aumento aplicado al plan SM02 de Swiss Medical. Según consta en el expediente, la cuota registró una suba del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, al pasar de $136.161,21 a $301.218,02. La demandante sostuvo que, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
