El diputado nacional por Chubut solicitó que su proyecto sea incorporado a la agenda de la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone destinar entre el 2% y el 5% de la recaudación por derechos de exportación de hidrocarburos a impulsar inversiones, infraestructura y empleo en la actividad acuícola.
El diputado nacional José Glinski pidió avanzar con el tratamiento de un proyecto de ley que busca utilizar una parte de los recursos que el Estado nacional recauda por las exportaciones de petróleo y gas para financiar el desarrollo de la acuicultura.
El planteo lo realizó durante una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, donde solicitó que la propuesta sea incorporada a la agenda de trabajo del cuerpo legislativo.
Durante el encuentro, que contó con la participación de especialistas y exfuncionarios vinculados al sector pesquero, el legislador expuso los principales puntos de la iniciativa y se dirigió al presidente de la comisión, César Treffinger, para pedirle que impulse su tratamiento. El organismo es la comisión cabecera del proyecto, por lo que allí debería comenzar el análisis parlamentario de la propuesta antes de que pueda continuar su recorrido legislativo. “Hace algunos días presenté un proyecto para reactivar el fomento de la acuicultura. La Argentina está en un proceso de expansión de las exportaciones de gas y petróleo, y creemos que es importante que esas actividades extractivas, que generan divisas, también puedan financiar otras actividades productivas de carácter permanente que generen empleo”, sostuvo Glinski durante su intervención.
La propuesta contempla la creación del Aporte Hidrocarburífero para la Acuicultura, un mecanismo que permitiría destinar al Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC) una parte de los ingresos que ya percibe el Estado por los derechos de exportación de hidrocarburos. El porcentaje previsto es del 2% de esa recaudación, aunque podría elevarse al 5% cuando el precio internacional de referencia del petróleo alcance o supere los 80 dólares por barril.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que no plantea la creación de nuevos impuestos ni modificaciones en las cargas tributarias que actualmente pagan las empresas petroleras. En cambio, propone asignar una porción de los recursos que ya ingresan al Estado nacional para promover una actividad productiva diferente, con posibilidades de generar inversiones, infraestructura y puestos de trabajo a largo plazo.
Glinski relacionó la iniciativa con la situación que atraviesan las cuencas petroleras convencionales, especialmente la de Chubut, donde la disminución de la actividad y el traslado de inversiones hacia Vaca Muerta impactaron sobre el empleo. En ese contexto, consideró que los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos podrían contribuir a desarrollar otras alternativas económicas en las regiones que históricamente dependieron de la producción petrolera. “Estamos ante una oportunidad única de generar empleo, empleo que el sector petrolero y gasífero perdió en este tiempo, producto de que las inversiones fueron a Vaca Muerta, del desarrollo tecnológico y de los notables despidos que hubo en el sector petrolero, sobre todo en las cuencas maduras, como en mi provincia, Chubut”, afirmó el diputado.
Como parte de los fundamentos de su propuesta, el legislador también mencionó las experiencias de Chile y Noruega en materia de producción acuícola. Durante la reunión, citó el caso chileno, al que señaló como referencia por el volumen de actividad que alcanzó ese sector, con alrededor de 80.000 puestos de trabajo y exportaciones superiores a los 6.000 millones de dólares anuales. Esas cifras fueron presentadas por Glinski como un ejemplo del potencial económico que podría tener el desarrollo de esta actividad en Argentina.
El proyecto, además, establece criterios para distribuir los recursos que se recauden. En particular, propone que al menos el 30% del dinero destinado a proyectos productivos y de infraestructura sea asignado a las provincias productoras de hidrocarburos. La prioridad estaría puesta en aquellas jurisdicciones que registren una caída sostenida de la producción convencional, el cierre de áreas petroleras o una pérdida de puestos de trabajo vinculada con la actividad.
Los fondos también podrían utilizarse para financiar emprendimientos acuícolas, construir infraestructura, promover investigaciones, desarrollar nuevas tecnologías y ofrecer capacitación. La iniciativa contempla una atención especial para pequeños productores y cooperativas, con la intención de ampliar la participación de distintos actores en el crecimiento del sector. A su vez, propone restablecer durante quince años el régimen nacional de promoción de la acuicultura e incorporar mecanismos de evaluación y control ambiental para el desarrollo de los proyectos.
Al explicar los motivos por los que busca que la propuesta sea debatida en el Congreso, Glinski invitó a los integrantes de la comisión y a los especialistas presentes a analizar sus alcances y realizar aportes. “Aprovecho la oportunidad de que esta comisión está en funcionamiento para compartir el proyecto con los actores que pueden verlo, analizarlo, criticarlo y ponerlo a trabajar entre todos nosotros. Ojalá podamos tratarlo, porque esta es la comisión de cabecera y creo que es una buena oportunidad para desarrollar una actividad que para la Argentina sería fundamental”, expresó.
