La sentencia del Juzgado Laboral N° 3 de Comodoro Rivadavia establece una reparación equivalente a unos 75 salarios de 2017 y dispone capacitación en perspectiva de género para dos responsables jerárquicos y para las gerencias de Recursos Humanos y Regional.
Una sentencia del Juzgado Laboral N° 3 de Comodoro Rivadavia condenó al Banco Macro por el despido de una ex gerenta de la sucursal local, ocurrido en enero de 2017, luego de un conflicto originado por la decisión de la entidad de trasladarla a Caleta Olivia.
El pronunciamiento, firmado el 24 de agosto de 2026 por el juez de refuerzo Miguel Ángel Medina Insúa, hizo lugar a la demanda presentada por la señora D.P., quien había ingresado al banco en enero de 1997 y se desempeñaba como gerente departamental.
La entidad deberá abonarle $5.281.392,64, con los intereses correspondientes y capitalización, además de afrontar una sanción por conducta temeraria y maliciosa equivalente al 30% de la liquidación que se determine en la etapa de ejecución.
El monto de 5,28 millones de pesos equivale a unos 57 salarios de 2017. A eso se agrega la sanción del 30%, equivalente a unos 17,3 salarios si se toma esa misma base. En conjunto, la referencia es de unos 75 salarios de aquella época, que deberán actualizarse al momento en que se haga efectiva la sentencia.
El fallo también dispuso medidas de capacitación en perspectiva de género para dos responsables jerárquicos involucrados en el conflicto y para la totalidad de los planteles de las gerencias de Recursos Humanos y Regional.
El traslado a Caleta Olivia y el conflicto que terminó en despido
Según reconstruye la sentencia, el 24 de octubre de 2016 dos responsables del banco, que ocupaban las gerencias de Recursos Humanos y Regional, se presentaron en la sucursal Comodoro Rivadavia y le comunicaron verbalmente a la gerenta de ese momento que debía trasladarse de inmediato a Caleta Olivia para continuar allí sus funciones.
La trabajadora rechazó la decisión y pidió postergar el cambio hasta fines de 2017, cuando su hijo terminara los estudios secundarios. También explicó que debía permanecer en Comodoro para acompañar a su madre, que atravesaba un tratamiento oncológico. La alternativa que recibió, según la demanda, fue aceptar el traslado o acordar su desvinculación por $1.500.000.
Según se describe en la sentencia, el conflicto derivó en un cuadro de hipertensión y trastorno adaptativo con ansiedad y ánimo depresivo, por el que la trabajadora obtuvo licencias médicas y tratamiento psiquiátrico. El banco, por su parte, sostuvo que había dispuesto controles médicos que determinaron que estaba en condiciones de trabajar y que su negativa a reintegrarse justificaba el despido con causa, el 5 de enero de 2017.
El juez consideró que esa justificación no se sostenía frente a las pruebas reunidas. Entre ellas, destacó las evaluaciones médicas que recomendaban continuar con la licencia laboral, incluida la realizada por una profesional convocada por el propio sistema de control médico de la entidad.
Violencia laboral y una decisión discriminatoria
Uno de los tramos del pronunciamiento analiza el comportamiento de la entidad desde la perspectiva de la violencia laboral contra las mujeres. El magistrado entendió que el despido encubrió la decisión empresarial de desprenderse de la trabajadora ante su negativa a aceptar un traslado intempestivo, sin considerar su situación familiar y el deterioro de su salud.
En ese sentido, sostuvo: «La decisión de despedir a la trabajadora, sin pretexto, de una falsa causa, encubrió la necesidad de la empleadora de desprenderse de ella ante la negativa de acceder al traslado compulsivo e intempestivo de mudarse a la Ciudad de Caleta Oliva».
El juez calificó la desvinculación como un acto discriminatorio y encuadró los hechos en las previsiones de la Ley 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, particularmente en su dimensión laboral. «Dicho despido -añade la sentencia- constituye un acto discriminatorio, porque hizo caso omiso a la situación de vulnerabilidad motivo del estado de salud, de madre de hijo adolescente y de cuidadora de su madre que requería de atención en razón de recibir quimioterapia».
La sentencia también señala que la normativa considera violencia laboral el hostigamiento psicológico sistemático dirigido a lograr la exclusión de una trabajadora. No obstante, el magistrado aclaró que no podía disponer una reparación integral por todos los daños derivados de la discriminación, porque ese reclamo específico no había sido objeto de la demanda. Sí adoptó medidas preventivas y correctivas para evitar la reiteración de esas conductas.
Diferencias salariales y capacitación obligatoria
Otro aspecto de la condena se relaciona con el adicional por zona desfavorable. El fallo reconoce que el Banco Macro liquidó por debajo de lo establecido en el convenio colectivo bancario 18/75 el adicional correspondiente a la subzona patagónica, que comprende a Chubut y Santa Cruz.
Por ese motivo, ordenó integrar los aportes y contribuciones a la Seguridad Social derivados de las diferencias salariales entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016. También incluyó salarios impagos entre enero y junio de 2017, por la omisión de aplicar incrementos paritarios.
En cuanto a las medidas institucionales, el banco deberá acreditar que los gerentes involucrados realizaron una capacitación en perspectiva de género, siempre que continúen siendo empleados de la entidad. Si ya no forman parte de su personal, deberá acreditar sus respectivas bajas.
La obligación se extiende a todos los integrantes de los planteles de las gerencias de Recursos Humanos y Regional, con capacitación financiada por el banco. El incumplimiento de estas disposiciones podrá generar sanciones económicas por cada día de demora, a favor de la trabajadora.
Finalmente, el magistrado impuso las costas del juicio a la entidad bancaria y aplicó la sanción por conducta temeraria y maliciosa, equivalente al 30% de la liquidación que se apruebe en la etapa de ejecución.