Detención de la pareja de Lázaro Báez en Aeroparque tras viajar desde Río Gallegos

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Claudia Insaurralde fue arrestada junto a otras dos personas en el Aeroparque Jorge Newbery luego de arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Santa Cruz. La detención se produjo antes de 27 allanamientos realizados en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires.

Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida el lunes 9 de noviembre en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires junto a otras dos personas, tras viajar desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. La información fue confirmada por fuentes judiciales.

Los tres investigados abordaron el vuelo AR1857, que despegó del aeropuerto de Río Gallegos el lunes a las 10:30. Los pasajes habían sido adquiridos por internet el sábado 7 de noviembre. Los pasajeros despacharon cuatro valijas de gran tamaño, que quedaron secuestradas tras el procedimiento.

Los movimientos de las tres personas estaban bajo seguimiento judicial desde hacía varias semanas. Cuando se confirmó que habían abordado el avión, la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, solicitó las detenciones ante el juez federal Claudio Vázquez, quien autorizó el operativo. Efectivos de Prefectura Naval Argentina, con colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, realizaron las detenciones al llegar a Aeroparque. El equipaje quedó a disposición de la Justicia. Hasta el momento no se informó públicamente qué había dentro de las valijas ni cuál era el destino previsto.

La detención se produjo antes de los 27 allanamientos que tuvieron lugar el martes 10 de noviembre en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, en el marco de dos expedientes federales. Las investigaciones buscan determinar la existencia de organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes y con el manejo irregular de bienes y activos relacionados con Báez, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza.

Uno de los expedientes intenta reconstruir el manejo de bienes y actividades comerciales vinculadas con Báez. Una de las hipótesis apunta a establecer si el empresario, pese a estar detenido y tener parte de sus bienes embargados, continuaba administrando propiedades y activos a través de personas de su entorno. En paralelo, otro expediente investiga una presunta organización dedicada al transporte y la distribución de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, con operaciones que se habrían desarrollado al menos desde diciembre de 2025.

Los investigadores buscan establecer si existía algún vínculo entre ambas estructuras. De acuerdo con la información publicada por La Nación, un hombre de estrecha confianza de Báez habría participado en las dos organizaciones y sería uno de los detenidos en Aeroparque. Entre los elementos que forman parte del análisis judicial también aparecen escuchas de conversaciones relacionadas con el empresario y anotaciones sobre presuntas operaciones. La Justicia procura determinar si funcionaba una estructura destinada a poner en circulación bienes de origen ilícito que debían quedar sujetos a la ejecución de condenas judiciales. Por ahora, se trata de hipótesis bajo investigación y no de responsabilidades penales acreditadas para todas las personas involucradas.

En Santa Cruz, el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, confirmó este miércoles que los operativos permitieron detener a otras cuatro personas y secuestrar distintos elementos de interés para las causas. Entre los resultados mencionó cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas y documentación que será analizada por los investigadores. Los procedimientos contaron con la participación de fuerzas federales y de la Policía de Santa Cruz.

El expediente es impulsado por el área especializada en investigaciones complejas de la Unidad Fiscal Río Gallegos, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La investigación busca establecer las posibles responsabilidades individuales en el presunto transporte de estupefacientes y determinar si existía una estructura destinada a administrar activos bajo investigación judicial.

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