La jueza Karina Breckle dará a conocer este jueves a las 12 en la Oficina Judicial de Rawson el veredicto contra el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, acusado por administración fraudulenta. La fiscalía pidió que sea declarado culpable por transferir más de $22 millones de la cuenta del sindicato a cuentas personales sin rendir cuentas.
El juicio oral y público contra el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, llegará a una instancia decisiva este jueves, cuando la jueza Karina Breckle dé a conocer su veredicto.
La audiencia está prevista para las 12 en la Oficina Judicial de Rawson, luego de que las partes expusieran sus alegatos finales y el acusado manifestara que es inocente.
Durante el cierre del debate, el fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), Lucas Papini, solicitó que Quiroga sea declarado penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, en carácter de autor. La acusación sostiene que, entre agosto de 2019 y mayo de 2023, el dirigente transfirió $22.765.769 desde la cuenta institucional del sindicato hacia cuentas personales, sin presentar una rendición que justificara esos movimientos.
La investigación puso bajo análisis el manejo de los fondos de ATE Chubut durante ese período. El dinero provenía de las cuotas sindicales que el Estado descontaba de los salarios de los trabajadores y luego depositaba en la cuenta del gremio en el Banco del Chubut. La fiscalía sostuvo que parte de esos recursos terminó destinada a gastos personales del acusado, entre ellos pagos de tarjetas de crédito, compra de bienes muebles, una membresía deportiva, viajes al exterior y transferencias a sus hijos. Una actualización de los montos investigados estima que las operaciones superarían los $400 millones a valores actuales.
Uno de los puntos centrales de los alegatos fue la diferencia entre los ingresos declarados y los gastos atribuidos a Quiroga. De acuerdo con la pericia contable presentada durante el juicio, entre agosto de 2019 y mayo de 2023 sus ingresos legítimos alcanzaron los $13.325.936, mientras que sus gastos sumaron $30.338.917. La diferencia, de $17.012.981, fue señalada por Papini como un monto compatible con los fondos que salieron de las cuentas del sindicato. El fiscal también remarcó que el dirigente no recibía una remuneración de ATE por sus funciones como secretario general, debido a que contaba con licencia gremial y sus haberes eran abonados por el Estado.
La acusación también hizo hincapié en la falta de rendiciones de cuentas ante los afiliados. La fiscalía sostuvo que desde 2019 no se realizaron congresos provinciales para informar sobre el destino de los fondos sindicales, pese a que el estatuto establece que esa instancia debe llevarse adelante cada año. Para los acusadores, esa ausencia de controles internos fue uno de los elementos que acompañaron la hipótesis de un manejo irregular del patrimonio de la organización.
Durante el debate, testigos de la defensa afirmaron que Quiroga les entregaba $700.000 mensuales cuando no cobraban sus salarios como auxiliares de la educación. Papini cuestionó la credibilidad de esas declaraciones y sostuvo que los testimonios no alcanzaban para explicar los movimientos investigados. También afirmó que la defensa no presentó pruebas capaces de refutar la hipótesis fiscal ni de desvirtuar los elementos reunidos durante la investigación.
Las dos querellas que intervienen en el proceso acompañaron el planteo de la fiscalía y coincidieron en solicitar que Quiroga sea declarado responsable. Al finalizar los alegatos de las partes acusadoras, la denunciante Claudia Barrionuevo realizó sus últimas manifestaciones y pidió justicia. “No todos los sindicalistas son iguales”, expresó. Por su parte, el acusado sostuvo que es inocente.
Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal.