El decreto 1266/2026, publicado en el Boletín Oficial, instrumenta la reforma de la Ley 27.828. La Patagonia conserva el beneficio sin los nuevos condicionamientos, mientras que las zonas incorporadas en 2021 quedan sujetas a requisitos de ingresos y al Resef.
El Gobierno reglamentó la reforma del régimen de Zona Fría mediante el decreto 1266/2026, publicado este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial. La norma instrumenta los cambios de la Ley 27.828, sancionada el 24 de septiembre y publicada el 13 de octubre.
El decreto establece tres definiciones principales: el régimen queda vigente hasta el 31 de diciembre de 2031; el recargo del 7,5% que financia el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas deberá estar discriminado en la factura; y el subsidio deja de ser automático para las localidades que se sumaron al régimen en 2021.
Según el decreto, los usuarios de la Región Patagónica, Malargüe y la Puna mantienen sus beneficios sin los nuevos condicionamientos. Las zonas incorporadas con la ampliación de 2021 —más de 90 partidos de la provincia de Buenos Aires y departamentos de Córdoba, Santa Fe, Mendoza fuera de Malargüe, San Juan, San Luis, Salta, La Rioja y Jujuy— quedan sujetas a exclusión si no cumplen los topes: estar inscripto en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef) y tener ingresos familiares que no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, hoy $4.897.514,07. Además, la bonificación se aplica solo sobre los consumos máximos predeterminados; lo que exceda ese volumen se paga sin descuento.
El régimen impacta en la tarifa de 3.350.000 hogares del país, de los cuales 1.240.000 están en 94 municipios bonaerenses y representan el 20% de los usuarios de esa provincia. En Buenos Aires, el único distrito que conserva el beneficio es Patagones, que había ingresado al régimen en 2002. La residencia en una zona alcanzada por la ampliación anterior ya no basta para acceder al descuento.
La reforma de la Ley 27.828 dispuso que la bonificación de Zona Fría se calcule sobre el precio del gas y no sobre el total de la boleta, de modo que el descuento recae sobre una porción menor de la factura. En paralelo, la reglamentación define que el recargo del 7,5% se aplica a los metros cúbicos consumidos o comercializados para consumo en el país y no integra el precio de venta del gas: debe aparecer discriminado en las facturas de las distintas etapas de comercialización y trasladarse a los usuarios finales.
El decreto también ordena el circuito administrativo del fondo. La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo determinar compensaciones y bonificaciones y validar los montos; el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) controlará la información que presenten distribuidoras y subdistribuidoras; la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fiscalizará e ingresará el recargo. El Banco Nación sigue como fiduciario y administrador de los recursos, sin que la adecuación del contrato implique crear un nuevo fondo. Con ese dinero se compensa a las empresas proveedoras por el abastecimiento de gas natural y propano por redes, se pagan las bonificaciones adicionales y se cubren las compensaciones por garrafas y GLP.
Quedan fuera del recargo los volúmenes de gas destinados a la exportación y el gas natural licuado importado y regasificado que se inyecte al sistema de transporte. Además, el decreto mantiene la lógica de las siete subzonas ambientales definidas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) que adopta el ENReGE para identificar a los hogares alcanzados por el régimen.
Para los usuarios patagónicos, el descuento se mantiene sin los requisitos de ingresos ni la obligación de inscribirse en el Resef, pero convivirán con dos cambios: la base de cálculo más chica y el recargo del 7,5% visible en la boleta. Cuando la ley se discutió en el Senado, la entonces secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que para los usuarios de zonas frías que empiecen a pagar el cargo fijo completo el impacto promedio rondaría los $25.000 mensuales, con variaciones según categoría y consumo. Un informe de ADNSUR publicado el 28 de septiembre calculó que la reducción del alcance del beneficio representará entre 20% y 30% sobre el precio final en los distintos períodos de consumo.
Las distribuidoras y subdistribuidoras deberán trasladar las bonificaciones a las facturas de los usuarios alcanzados y entregar la información para calcular las compensaciones, pero dejan de administrar los fondos, que se canalizan a través de las empresas proveedoras de gas. La traducción a los cuadros tarifarios y la puesta en marcha del Resef son las instancias donde se determinará, boleta en mano, cuánto paga cada hogar. Para las provincias patagónicas, el régimen sigue vigente hasta 2031 y el beneficio continúa, pero ya no alcanza a toda la factura.