El secretario general de ATE Chubut está imputado por presunta administración fraudulenta de fondos sindicales. Antes de iniciar el debate, la magistrada desestimó tres cuestiones previas presentadas por su abogado y otros planteos formulados durante la audiencia.
El juicio oral contra Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Chubut, comenzó este lunes 19 de octubre por la mañana en la Oficina Judicial de Rawson. El dirigente está imputado por presunta administración fraudulenta de fondos del sindicato y el debate está a cargo de la jueza penal Ana Karina Breckle.
Antes del inicio de las audiencias, el defensor Oscar Romero Bruno presentó tres cuestiones previas con las que buscó objetar aspectos del proceso. La magistrada rechazó esos planteos al considerar que se trataba de cuestiones que ya habían sido analizadas oportunamente por tribunales de revisión.
La defensa también expuso otros cuestionamientos durante una presentación que se extendió y derivó en un cuarto intermedio de más de una hora. Al retomar la audiencia, Breckle resolvió desestimar los planteos formulados por el abogado.
Comenzaron los alegatos de la Fiscalía
Una vez comunicada la decisión de la jueza, el debate avanzó con los alegatos de apertura de la acusación, a cargo del fiscal Lucas Papini, representante del Ministerio Público Fiscal.
La causa investiga presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de ATE. Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2023 se habrían realizado transferencias desde cuentas del sindicato hacia cuentas personales de Quiroga y de integrantes de su entorno familiar para afrontar gastos particulares.
El monto originalmente investigado supera los 22 millones de pesos. La reconstrucción de los movimientos bancarios estuvo a cargo de contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General, que analizaron la documentación financiera incorporada al expediente.
Cómo se inició la investigación
El expediente comenzó a partir de una denuncia presentada por Claudia Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE. Con el avance de la investigación, otros afiliados del sindicato se incorporaron como querellantes, representados por los abogados Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo.
La causa fue elevada a juicio después de que la jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, rechazara planteos anteriores de la defensa y habilitara la continuidad del proceso.
En esta etapa, la Fiscalía anticipó que solicitará una pena de tres años y dos meses de prisión efectiva, mientras que las querellas reclamaron una condena de hasta cuatro años, además de otras consecuencias vinculadas con el ejercicio de cargos sindicales.
El debate continuará con la exposición de las partes y la producción de las pruebas admitidas para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en el caso.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR