Un veterinario con 34 años de trayectoria analizó el encuadre ético y legal de los casos en los que animales fueron anestesiados e incididos pero devueltos sin completar la cirugía. No es la primera denuncia que involucra al servicio municipal.
La atención veterinaria municipal en Comodoro Rivadavia sumó un nuevo capítulo tras la presentación de denuncias formales por mala praxis en el servicio de castración. La controversia se desató luego de que se documentaran más de seis casos en los que animales ingresados a quirófano fueron anestesiados e incididos, pero devueltos a sus familias sin finalizar el procedimiento quirúrgico tras el hallazgo de preñeces o patologías uterinas graves.
No es la primera denuncia que envuelve al servicio municipal de castraciones. El 18 de abril, el equipo de Veterinaria —incluida su directora, Josefina Ferreyra— se negó a vacunar y desparasitar a los gatos ferales operados en Palazzo, la colonia que había quedado sola tras la muerte del referente animalista Félix Assi. Los felinos terminaron inmunizados por un veterinario externo y el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, anticipó un informe al intendente con medidas administrativas contra el equipo. Un mes después, la quinta jornada extraordinaria de castración masiva sumó 35 cirugías en una colonia del barrio San Martín y los profesionales volvieron a retirarse sin aplicar la vacuna antirrábica.
Ese mismo sábado, a las 15, la tensión estalló dentro de la Dirección General de Veterinaria: un acta firmada por el propio Gómez dejó constancia de que los proteccionistas se plantaron ante los directores para exigir explicaciones, y los gatos capturados con jaulas trampa terminaron devueltos al mismo predio sin la vacuna antirrábica y sin desparasitación. El argumento del cuerpo veterinario fue que el estrés quirúrgico impide generar los anticuerpos necesarios y que solo corresponde vacunar a ejemplares «inmunocompetentes».
El veterinario Diego Rovetto lo rebatió con un estudio de la Universidad de Florida sobre 61 gatos ferales: al vacunarlos en el mismo momento de la cirugía, el 98 % seroconvirtió. Las críticas apuntaron también a la conducción del área: proteccionistas aseguraron que Ferreyra no estuvo en la jornada crítica ni dio la cara ante los reclamos, mientras el Colegio Médico Veterinario de Chubut respaldó a los profesionales locales, rechazó los «ataques y la desinformación» y pidió a los funcionarios públicos evitar «confrontamientos estériles».
El hilo de fondo es el mismo que hoy sostienen los denunciantes: proteccionistas y vecinos ya venían reclamando más castraciones por día y denunciando trabas en el acceso al servicio, además del cumplimiento de la Ordenanza 15.776/21 y la Ley Provincial I-655. Para los especialistas en control poblacional, cada uno de estos episodios responde a una misma lógica: la cirugía es la única oportunidad que tiene el sistema de salud de acceder a ese animal y, si la urgencia no se resuelve en el quirófano, esa oportunidad no vuelve.
La nueva denuncia: esta vez por mala praxis
En diálogo con ADNSUR y Seta TV, el médico veterinario Javier Malavassi y presidente de la Red de Políticas Públicas —quien cuenta con 34 años de trayectoria profesional— analizó el encuadre ético y legal de estos hechos.
El especialista explicó que, al anestesiar y abordar quirúrgicamente a una hembra, no es infrecuente encontrarse con un «hallazgo quirúrgico», como una piómetra (acumulación de pus en el útero) o una infección uterina avanzada, situaciones que constituyen una emergencia médica con riesgo inminente de vida para la mascota.
«Ante un hallazgo de esa magnitud, lo primero que debe hacer el profesional, aprovechando la intervención, es salvarle la vida al animal y extirpar ese útero que es fuente de una infección. Optar por cerrar al animal y entregarlo aduciendo que no van a operar el útero configura una figura legal que se denomina mala praxis profesional. Lo que hicieron en Comodoro no es el actuar normal ni ético de un médico veterinario», aseveró Malavassi.
Asimismo, subrayó que el servicio público debe ser de excelencia para garantizar la atención de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a los costos de una clínica privada, sin agravar la condición de los animales ni generar un problema sanitario mayor a la comunidad.
Más allá de la praxis profesional en quirófano, Malavassi encuadró el debate dentro del concepto de equilibrio poblacional, definiendo a las campañas masivas, gratuitas, abarcativas y tempranas como «el único método ético, eficaz y duradero para solucionar de raíz la sobrepoblación de perros y gatos».
Según detalló el profesional, la domesticación urbana ha creado condiciones idóneas para la reproducción exponencial al brindar alimento, refugio, calefacción y ausencia de depredadores. Esta proliferación descontrolada genera graves consecuencias comunitarias:
- Mortalidad juvenil: En Argentina, cerca del 70 % de los cachorros nacidos en la vía pública mueren durante su primer año de vida por falta de atención, desnutrición o enfermedades.
- Zoonosis e impacto infantil: La principal epidemia en niños menores de 14 años está vinculada a parásitos gastrointestinales transmitidos por heces de animales sueltos, lo que convierte al control poblacional en un tema crucial de salud pública humana.
En ese sentido, la castración temprana —realizada idealmente entre los 3 y 5 meses de edad— no solo previene preñeces indeseadas y patologías como piómetras, pseudopreñez o tumores, sino que prolonga la expectativa de vida del animal entre 2 y 3 años, reduciendo drásticamente problemas de comportamiento, mordeduras y extravíos.
El método QuickSpay para castrar rápido y bien
Para optimizar los recursos del Estado y elevar la capacidad de respuesta frente a la demanda vecinal, la Red de Políticas Públicas promueve y capacita gratuitamente a profesionales municipales en la técnica de castración masiva a ritmo de campaña conocida como Quick Early Spay.
Esta metodología permite concretar cirugías seguras en un lapso de 3 a 5 minutos por animal, reduciendo significativamente los riesgos anestésicos, los tiempos de recuperación, el uso de insumos y los costos operativos del municipio, multiplicando en forma exponencial la cantidad de intervenciones diarias.
Para finalizar, el titular de la Red remarcó la importancia de que el personal profesional contratado en las dependencias públicas comparta los fundamentos éticos, morales y la vocación social que requiere la salud pública animal.
Frente a irregularidades, omisión de auxilio o presuntas maniobras de mala praxis en dependencias públicas veterinarias, se recuerda a la ciudadanía que existe la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA), donde los propios tutores o proteccionistas pueden asentar denuncias formales para que las autoridades competentes investiguen el desempeño del personal involucrado.