La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente las multas de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoció el jueves, en medio de la quinta Marcha Federal Universitaria.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de multas contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión se conoció el jueves, en medio de la quinta Marcha Federal Universitaria, que movilizó a miles de personas en todo el país y tuvo incidentes en Buenos Aires.
La sanción había sido dispuesta por el juez Martín Cormick, quien estableció una multa de $100.000 diarios al funcionario por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. El magistrado había intimado previamente al Estado a cumplir con la ley y consideró que las obligaciones judiciales seguían pendientes. El Consejo Interuniversitario Nacional también había reclamado la aplicación de sanciones al sostener que el Gobierno continuaba sin acatar la resolución.
¿Por qué se suspendieron las multas?
El Gobierno apeló la decisión a través de las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano. Su argumento fue que la medida cautelar ya se encontraba cumplida y que las sanciones no correspondían. La Cámara hizo lugar al planteo procesal y ordenó que la apelación se tramite con efecto suspensivo. De esta manera, las multas quedaron frenadas provisoriamente mientras se analiza el recurso.
La resolución no significa que la Justicia haya dejado sin efecto la obligación de cumplir con el financiamiento universitario ni que haya resuelto definitivamente la controversia. Por ahora, la discusión continúa en los tribunales.
¿Cómo sigue el conflicto?
La cautelar que exige actualizar los salarios universitarios y recomponer las becas continúa vigente. La disputa judicial también alcanza al decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde las universidades habían valorado la decisión de la justicia. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, había manifestado que “es muy importante como antecedente en el proceso judicial que sigue su curso y ratifica que la ley no se está cumpliendo”.
La suspensión de las multas representa un alivio temporal para el Gobierno, pero no cierra el conflicto de fondo, que volvió a tener una fuerte expresión en las calles durante la movilización federal del jueves.
Con información de Infobae, editada y redactada por un periodista de ADNSUR