El juez Martín Cormick fijó una sanción de $100.000 por día contra el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por no acatar la orden judicial que exige actualizar salarios docentes y fondos para becas universitarias.
La Justicia federal dispuso una multa diaria de $100.000 contra Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada este miércoles por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Gobierno no cumplió con las obligaciones establecidas en la orden judicial.
La sanción está vinculada con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de la recomposición de los fondos destinados a las becas estudiantiles. El reclamo es impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que viene solicitando que el Estado nacional aplique las disposiciones de la ley y garantice los recursos previstos para el sistema universitario.
En su resolución, Cormick hizo efectivo el apercibimiento que había dispuesto el 30 de septiembre, ante la falta de cumplimiento de la medida cautelar. El magistrado estableció que las multas se aplicarán al funcionario que ocupa la Jefatura de Gabinete, en función de las responsabilidades que le corresponden en la administración general del país y la ejecución del presupuesto nacional.
El monto inicial quedó fijado en $100.000 por cada día de demora. Sin embargo, el juez advirtió que la sanción podría modificarse si el incumplimiento continúa. La resolución también contempla la posibilidad de cambiar los funcionarios alcanzados por las multas, de acuerdo con la evolución del expediente y las medidas que adopte el Poder Ejecutivo.
La decisión se tomó después de que vencieran los plazos otorgados al Gobierno para cumplir con la orden judicial. Cormick había intimado al Estado nacional para que regularizara la situación y, ante la falta de cumplimiento acreditado, avanzó con la aplicación de las sanciones económicas solicitadas en el marco de la causa.
El Consejo Interuniversitario Nacional planteó ante la Justicia que la medida cautelar seguía sin ejecutarse y pidió que se hiciera efectivo el apercibimiento. El organismo sostiene que la falta de actualización salarial y de fondos para becas afecta el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos para recomponer los ingresos del personal de las universidades públicas y actualizar las partidas destinadas a los estudiantes.
La normativa contempla una recomposición salarial que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. El cálculo previsto para ese período representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. Además, establece que las remuneraciones deben actualizarse mensualmente de acuerdo con la evolución de la inflación y que los fondos para becas deben recomponerse.
El conflicto judicial también incluye la discusión sobre el Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la definición de las fuentes de financiamiento. Cormick declaró inconstitucional esa disposición, pero el Gobierno apeló el fallo y el expediente principal continúa en revisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.