La Cámara de Diputados de Santa Cruz levantó este jueves la sesión ordinaria luego de un cuarto intermedio. Quedaron sin tratamiento la Ley de Emergencia Hidrocarburífera y el pedido de informes a Pan American Energy.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz levantó este jueves la sesión ordinaria luego de un cuarto intermedio y dejó sin tratamiento la agenda vinculada a la actividad petrolera. El encuentro fue presidido por el diputado Javier Jara, en reemplazo del vicegobernador Fabián Leguizamón. Según se informó, los incidentes registrados durante la jornada no permitieron garantizar las condiciones de seguridad dentro del recinto ni del edificio legislativo.
En el exterior del edificio permanecían manifestantes vinculados al Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER). Antes de la interrupción, el secretario gremial del sindicato, Carlos Monsalvo, había sido invitado a ingresar al recinto para exponer ante los diputados. La sesión avanzaba todavía con el ingreso de proyectos y su pase a estado parlamentario cuando se resolvió el cuarto intermedio.
La decisión dejó fuera del tratamiento la Ley de Emergencia Hidrocarburífera, el pedido de informes dirigido a Pan American Energy (PAE) y los demás expedientes incluidos en el orden del día. La Presidencia de la Cámara fundamentó el levantamiento en cuestiones de seguridad y no comunicó oficialmente que la decisión respondiera a una modificación del temario. Tampoco hubo, hasta el momento, una atribución oficial de los incidentes al sindicato.
Qué reclama el gremio petrolero santacruceño
La suspensión se produjo en medio de un reclamo que el SIPGER, conducido por Rafael Güenchenen, viene sosteniendo por la situación laboral de los trabajadores de la Cuenca del Golfo San Jorge. El gremio reclama que la recuperación de la actividad se traduzca en puestos de trabajo para los petroleros santacruceños. En septiembre, el sindicato había acordado con PAE que los empleos vinculados al nuevo programa de inversiones de la compañía fueran cubiertos por trabajadores de la provincia, dentro de un plan que contempla nuevas perforaciones.
El planteo gremial convive con una serie de anuncios oficiales sobre una recuperación de la actividad después de más de dos años de baja perforación. Esta semana, Crown Point Energía confirmó una inversión superior a los US$ 7,2 millones para perforar tres pozos en Koluel Kayke y Piedra Clavada, con prioridad para trabajadores que habían quedado desvinculados del sector. El programa también incluye un pozo exploratorio sobre la formación D-129.
En paralelo, el Gobierno provincial negocia con PAE un proyecto de desarrollo no convencional sobre la formación D-129, en el flanco norte de Santa Cruz. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, informó esta semana que las conversaciones alcanzaron un 60% de avance y que todavía restan resolver aspectos técnicos y legales. Según anticipó el funcionario, el acuerdo podría ser presentado por el gobernador Claudio Vidal en las próximas semanas si se completan las definiciones pendientes.
El antecedente de la ley de emergencia
La iniciativa que quedó sin tratar en Diputados tiene como antecedente la Ley 3914, sancionada en 2025 para declarar la emergencia hidrocarburífera en todo el territorio continental. La norma estableció incentivos fiscales y reducción de regalías condicionados a planes de trabajo, además de mecanismos para sostener el empleo y una comisión legislativa de seguimiento. Su vigencia original llegaba hasta el 31 de diciembre de 2025 y podía extenderse por otro período con aprobación de la Cámara.
De hecho, el Poder Ejecutivo había prorrogado la emergencia ad referéndum de la Legislatura desde el 1° de enero hasta el 20 de septiembre de 2026, por medio del Decreto 0064/2026. El tratamiento legislativo pendiente adquiere así una dimensión adicional: el proyecto que debía discutirse este jueves buscaba avanzar sobre una herramienta creada justamente para acompañar la situación de las áreas hidrocarburíferas maduras y preservar puestos de trabajo.
La interrupción de la jornada también dejó pendiente el pedido de informes a PAE, que quedó dentro de una discusión más amplia sobre el estado de las negociaciones y los compromisos de inversión de la compañía. El expediente no llegó a ser abierto por el cuerpo antes del levantamiento de la sesión, por lo que cualquier intercambio parlamentario sobre el proyecto D-129 deberá esperar a una nueva convocatoria.
La próxima sesión ordinaria fue anunciada para el jueves 22 de octubre. Allí podrían volver a escena tanto la emergencia hidrocarburífera como el pedido de informes a PAE y el resto de los proyectos que quedaron sin tratamiento. También podría llegar al recinto el nuevo pliego de Carlos Albarracín, que ya obtuvo despacho favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales por cinco votos contra cuatro y quedó en condiciones de ser tratado nuevamente por los diputados.