Florencia Gómez, abogada y coautora de la norma, analizó en SETA TV la decisión del máximo tribunal y explicó el nuevo escenario para las operaciones con tierras rurales, incluyendo zonas de frontera.
La derogación de la Ley de Tierras volvió a quedar en el centro de la discusión tras el fallo de la Corte Suprema. Florencia Gómez, abogada y coautora de la norma, analizó la decisión durante una entrevista con Ahora en Comodoro por SETA TV y explicó qué consecuencias considera que tiene para la compra de tierras rurales.
“Sí, la verdad es que lo que cabe decir —y me parece que has presentado muy bien— tiene que ver con esto: la Corte ha derogado la ley de tierras. Suena raro porque generalmente quien deroga una ley es el Congreso, pero bueno, en este caso, por las idas y vueltas que ha tenido la ley de tierras, me parece que es importante explicar por qué decimos esto.”
Cómo se llegó a la situación actual
Gómez recordó que la Ley de Tierras fue aprobada en 2011 y sostuvo que su objetivo era proteger activos estratégicos del país. Según explicó, en diciembre de 2023 el DNU 70/2023 incluyó entre sus disposiciones la derogación de la normativa.
“La Corte ha preferido avalar la extranjerización de la tierra sin límite en la Argentina porque la ley de tierras está vigente desde 2011; en aquel momento se aprueba por considerar que era necesario proteger activos estratégicos en Argentina y, en diciembre de 2023, con el DNU 70/2023, uno de los artículos dice: ‘derógase la ley de tierras’. El argumento era que era para fomentar inversiones; básicamente, lo cierto es que lo que sucede es que, a partir de eso, el Centro de Excombatientes de Malvinas —con quienes nosotros estamos trabajando conjuntamente— presenta una acción judicial, consigue que la Cámara Federal de La Plata declare la inconstitucionalidad del DNU porque decía: no ha habido necesidad ni tampoco ha habido urgencia.”
La abogada también destacó el criterio adoptado en aquella instancia judicial respecto de la soberanía.
“Y además la Cámara Federal de La Plata establece algo que es muy interesante porque dice: la soberanía es un bien jurídico colectivo tutelable; o sea, que la ciudadanía puede pedir que la justicia se expida para protegerlo.”
Según la explicación de Gómez, la Corte Suprema tomó otro camino al analizar la presentación de los excombatientes.
“Lo cierto es que ahora la Corte saca un fallo que, si uno lo lee y el que no es abogado lo lee, no se va a entender mucho porque en realidad lo que dice es que, para la Corte, los excombatientes de Malvinas no tenían legitimación procesal. Esto es como la capacidad de acudir a la justicia cuando uno ve vulnerado un derecho, ¿no? Y entonces, como no tenían legitimación procesal, no hay caso directamente; o sea, omite expresarse acerca del DNU, omite expresarse acerca de la inconstitucionalidad de ese DNU, casi que ni refiere al tema de tierras y después dice —ni siquiera— que le estuviese hablando de chicos de la primaria o de la secundaria. No porque la Corte dice: bueno, la soberanía es un elemento del Estado; es aplicable a la soberanía territorial, pero bueno, no es un bien jurídico a proteger.”
Para Gómez, ese criterio termina dejando nuevamente en vigencia el decreto que había derogado la Ley de Tierras. “Y ahí es como que termina reponiendo, digamos, el decreto 70/2023, que es el decreto que deroga la ley de tierras”.
Qué pasa con los límites para comprar tierras
Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las restricciones que establecía la Ley de Tierras y con el escenario que, según Gómez, queda después del fallo.
La abogada sostuvo que actualmente no existe el límite general que establecía la normativa y diferenció esa situación de los requisitos específicos que continúan aplicándose en zonas de frontera.
“La zona de frontera sigue requiriendo la autorización por parte de la autoridad en materia de fronteras, que es el Ministerio del Interior. Si eso se sigue solicitando es algo diferente; eran trámites distintos, incluso al tema del Registro Nacional de Tierras Rurales. Lo cierto es que hoy por hoy, si hoy quieren hacer una operación, lo podrían hacer tranquilamente.”
Gómez también cuestionó el criterio adoptado por la Corte y sostuvo que el fallo, desde su interpretación, deja abierta la posibilidad de una mayor extranjerización de tierras en el país.
“Hasta la Cámara Federal de La Plata, cuando declara la inconstitucionalidad, hace todo ese análisis y termina —ustedes saben que los fallos son así—: te presentan un hecho, te presentan el derecho, lo meritúan y determinan la sentencia. Bueno, meritando esto, dice que efectivamente el decreto ha sido inconstitucional. La Corte es como que lo que hace es ir al paso previo al paso anterior, analizar si efectivamente los excombatientes de Malvinas tienen o no derecho a recurrir a la justicia”, resaltó.
“Y lo más grave es que es gente que ha peleado por la patria, que en 1982 con dieciocho años se animaron a morir de frío, a pelear en condiciones totalmente inequitativas contra una potencia, y resulta que podían ir a dar su vida por la patria pero hoy no tienen legitimidad para presentarse en un juicio a proteger la tierra en Argentina”, agregó.
“Entonces, hasta para el sentido común de los oyentes, quienes están escuchando vos decís: ‘Che, ¿cómo puede ser que vos tengas la posibilidad de ir a pelear por la patria, ah, no, pero no estás legitimado para presentar un amparo para proteger una ley que protege la soberanía?’ Entonces, esa es una especie de oxímoron en el que incurre la Corte y vos decís: ‘¿Cómo puede ser que tres personas, a las cuales no hemos votado—nadie—tomen una decisión así y que compromete el futuro de todos los argentinos, el presente y el futuro de todos los argentinos?’ Claro, esto porque los 278 millones —digo— si hoy todos los propietarios de tierras rurales de mega propiedades argentinas deciden vender la tierra, hoy se puede extranjerizar toda la Argentina; puede ser, o sea, hoy puede venir Elon Musk y comprarse la provincia de Neuquén si quisiera, si hubiese quien la venda”. “Este es el nivel de gravedad al que asistimos, claro.”
Qué alternativas quedan
Gómez también fue consultada sobre las posibilidades que quedan abiertas después de la decisión de la Corte. En ese punto, mencionó una eventual instancia de revisión y señaló que la discusión podría volver al Congreso.
“La que queda es una instancia de revisión por parte de la misma Corte, pero es muy difícil que la Corte vuelva sobre esos mismos pasos; no es una Corte que suela aceptar cuando se equivoca. Y, por otra parte, me parece que la solución siempre es política. Aquí lo que resta es ver la vigencia del DNU, o sea retomar la discusión en el Congreso sobre si el Congreso avala o no el DNU. Y no sé si el gobierno está, ahí hay en las nuevas noticias dicen que de pronto el DNU, como tiene la negativa de la Cámara de Senadores, ahora se discute en la Cámara de Diputados. Yo no creo que los diputados decidan dar de baja este DNU que tenía cerca de doscientos artículos; la verdad es que va a ser una disputa política. Seguramente lo que sí me parece, y para qué sirve, es para que la ciudadanía se dé cuenta qué clases de jueces tenemos.”
En el tramo final de la entrevista, la abogada amplió sus cuestionamientos hacia el impacto que, a su entender, pueden tener distintas decisiones políticas y económicas sobre la distribución de los recursos y la situación social.
“Eso, a mí me parece que para muestra basta un botón, suelen decir las abuelas, y en este caso es muy grave, me parece, ese tipo de decisión que ha tomado la Corte.”
“Vos, cuando analizas cómo se dan las dinámicas de poder y demás —o sea, ayer (martes 29 de septiembre)— ha fracasado una ley para ayudar a los endeudados, que hoy es gran parte de los argentinos, endeudados por el apoyo de tres gobernadores; o sea, diputados que responden a esos gobernadores, mientras se les han perdonado 2.000 millones de dólares de deuda ahí, de Edesur, Edenor, con la que tenían con Cammesa, con la empresa de generación de energía. Entonces, recursos hay, pero hay para quienes más tienen”, señaló Gómez.
“O sea, nos estamos convirtiendo en una Argentina en la que un 5% va a tener muy buen poder adquisitivo y después el 95% de los argentinos pobres es hacia dónde vamos”, lamentó.
“Y lo peor es cuando uno analiza los datos macroeconómicos. Hoy tenemos datos macroeconómicos similares a los del 2003; o sea, términos de intercambio totalmente positivos: no ha habido ni una sequía ni los precios del barril de petróleo están por las nubes. O sea, la balanza comercial es favorable; hay condiciones para las cuales no se explica cómo la pobreza puede seguir aumentando, y la única manera tiene que ver con que son unos pocos los que se están llevando todas las riquezas que generan los argentinos”, concluyó la abogada.