Un grupo de diputados nacionales presentó el proyecto 3360-D-2026 que crea el Sistema de Promoción y Financiamiento del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico. La iniciativa establece que las grandes empresas destinen al menos el 20% de sus programas de Responsabilidad Social Empresaria a clubes y entidades que promuevan la inclusión deportiva, sin costos para el Estado.
Un grupo de diputados nacionales presentó el proyecto de ley 3360-D-2026 que crea el Sistema de Promoción y Financiamiento del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico. La iniciativa obliga a las grandes empresas a destinar al menos el 20% de sus programas de Responsabilidad Social Empresaria a clubes y entidades que promuevan la inclusión deportiva, sin costos para el Estado.
El texto lleva la firma del diputado Carlos Castagneto y el acompañamiento de Jorge Chica, Jorge Mukdise, Jorge Neri Araujo Hernández, Sergio Dolce, Fernanda Díaz, Natalia Zaracho y Agustín Rossi, entre otros legisladores. La presentación en sociedad será este lunes a las 11 en la Honorable Cámara de Diputados.
Cómo funcionaría el sistema
El núcleo de la propuesta es una afectación obligatoria del 20% como mínimo del presupuesto anual que las grandes empresas —o las firmas ligadas al rubro deportivo— destinan a sus programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Esos fondos deberán orientarse directamente a financiar proyectos, equipamiento, infraestructura accesible, becas deportivas y capacitaciones en entidades que desarrollen deportes adaptados e inclusivos.
A diferencia de otros regímenes, el proyecto especifica que el Estado no intervendrá en la asignación ni en la intermediación de los fondos: los acuerdos se celebrarán de manera directa entre las entidades aportantes y los clubes o asociaciones beneficiarias previamente registradas. La Subsecretaría de Deporte de la Nación actuará exclusivamente como autoridad de aplicación, supervisión y control del cumplimiento.
«Promover el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico es promover derechos. Queremos más clubes participando, más deportistas desarrollándose y más posibilidades de llegar al alto rendimiento», aseguró Castagneto a Doble Amarilla. Y agregó: «Debemos acompañar a los clubes para que puedan adaptar sus instalaciones para la incorporación del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Es muy importante el trabajo en equipo entre los clubes y las empresas que desarrollen programas de Responsabilidad Social Empresaria».
Quiénes podrán acceder
Para recibir estos apoyos, las organizaciones beneficiarias —clubes de barrio, asociaciones civiles y sociedades de fomento— deberán acreditar una trayectoria mínima de dos años en el desarrollo continuo de actividades de deporte adaptado, inclusivo o paralímpico; la participación activa y permanente de personas con discapacidad de forma competitiva; y contar con instalaciones propias o cedidas para las prácticas.
Quedan expresamente excluidas las entidades que desarrollen este tipo de actividades de manera ocasional, esporádica o en una sola disciplina sin carácter regular. Además de los firmantes iniciales, el proyecto es acompañado por los diputados Cristian Andino, Ricardo Daives, Raúl Hadad, Gabriela Pedrali, Nancy Sand, Celia Campitelli, Agustina Propato, Moira Lanesan Sancho, Sergio Palazzo, Juan Carlos Molina, Hilda Aguirre, Juan Marino y María Teresa García.
Nota en base a Doble Amarilla, con asistencia de IA y editada por un redactor de ADNSUR.