El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes en el Congreso para frenar la intención de la Nación de cobrar a los usuarios el financiamiento de la obra del gasoducto cordillerano. Según el legislador, el esquema tarifario impactará en más de treinta mil familias de la región.
El diputado nacional Juan Pablo Luque presentó un pedido de informes en el Congreso para frenar la intención del Gobierno nacional de cobrar a los usuarios el financiamiento de la obra del gasoducto Cordillerano-Patagónico. Según el legislador, una nueva medida oficial busca que los vecinos patagónicos asuman el costo financiero de las obras.
La crítica del dirigente comodorense alcanzó también al gobernador Ignacio Torres, a quien le recriminó su «total pasividad y silencio» frente a un escenario que, afirmó, perjudicará a miles de familias. Luque recordó que en la Patagonia el suministro de gas representa una necesidad básica para sobrevivir a las bajas temperaturas y remarcó que los ciudadanos ya hacen esfuerzos para pagar los servicios actuales.
El peso de la ingeniería financiera
El origen del conflicto radica en la reciente Resolución 575/2026 del ENREGE. La normativa abrió una consulta pública para aplicar un cargo específico destinado a cancelar los créditos tomados por la empresa Camuzzi Gas del Sur, un mecanismo de repago que se traduciría en un aumento directo del 35 por ciento sobre el cargo fijo que abonan mensualmente los clientes residenciales y comerciales.
Según la documentación analizada por el equipo del diputado, la obra arrancó con un capital inicial de 25.800 millones de pesos, pero la acumulación de intereses y el IVA durante el período de gracia dispararon la cifra hasta generar un sobrecosto superior a los nueve mil millones antes de empezar a amortizar.
Ante estos números, el legislador presentó un pedido de informes en el Congreso y exigió conocer quién diseñó este esquema y por qué se optó por una tasa variable. En esa misma línea, el exintendente cuestionó que el Estado haya paralizado los trabajos desde la época de Mauricio Macri y ahora pretenda descargar esa ineficiencia sobre los contribuyentes.
Impacto en la cordillera y la meseta
El nuevo cuadro tarifario golpeará de manera directa a más de 126 mil usuarios repartidos en veinticinco localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Dentro del territorio provincial, la medida afectará a más de treinta y dos mil hogares ubicados a lo largo de la cordillera, la precordillera y la comarca andina, abarcando desde centros urbanos grandes como Esquel y Trevelin hasta pequeñas comunas como Epuyén o Cholila.
El proyecto presentado en la Cámara Baja advierte sobre la falta de sensibilidad de la medida al aplicar un cargo uniforme que ignora la vulnerabilidad social de localidades como Río Mayo o Gobernador Costa. Frente a este panorama, Luque rechazó la iniciativa oficial y sostuvo que los usuarios no pueden ser la variable de ajuste de una ingeniería financiera que todavía no fue explicada con claridad.
Para cerrar su reclamo institucional, el diputado objetó el escaso plazo de quince días hábiles fijado para la consulta pública, un tiempo que consideró insuficiente dada la complejidad técnica del expediente y los problemas de conectividad que sufren varias de las zonas afectadas en la meseta chubutense.