El Gobierno abrió 15 nuevos procedimientos administrativos por explotación petrolera en las Islas Malvinas

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La administración de Javier Milei amplió a 60 los expedientes contra personas y empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, en el marco de la Ley N° 26.659.

El Gobierno nacional, a través de la Oficina del Presidente, informó la apertura de 15 nuevos procedimientos administrativos contra personas humanas y jurídicas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas. Con esta medida, el total de expedientes asciende a 60, según comunicó el Ejecutivo.

Los nuevos casos se suman a los 45 procedimientos iniciados previamente y se enmarcan en la Ley N° 26.659, que establece restricciones para actividades hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental argentina. Desde el Gobierno sostienen que las operaciones realizadas sin autorización de las autoridades nacionales encuadran en las conductas alcanzadas por esa normativa.

La decisión fue difundida en un comunicado oficial, en el que se indicó que el avance de los expedientes busca reconstruir la participación de los distintos actores que intervienen en los proyectos cuestionados. La estrategia, según se informó, no se limita a las empresas directamente relacionadas con la actividad, sino que apunta a determinar quiénes participan de las operaciones para establecer responsabilidades.

En el texto, la Oficina del Presidente afirmó: “Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. Además, reafirmó la postura oficial sobre el territorio y los espacios marítimos del Atlántico Sur: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos”.

El Ejecutivo también advirtió que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país” y anticipó que continuará utilizando las herramientas previstas por la legislación para impedir o sancionar las actividades que considere contrarias a los intereses argentinos.

El comunicado concluyó: “El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”.

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