La Justicia de Neuquén imputó a cuatro efectivos policiales por la muerte de José Galeano, ocurrida el 18 de noviembre de 2025 en el Hospital Horacio Heller, tras una maniobra de reducción.
La Justicia de Neuquén imputó a cuatro policías por la muerte de José Galeano, ocurrida el 18 de noviembre de 2025 en el Hospital Horacio Heller. Los efectivos Marcelo Alejandro Orellana, Gino Edgardo Facci, Tomás Francisco Ontiveros y Milton Félix Adrián Torrico fueron formalmente vinculados a la investigación por el delito de homicidio simple con dolo eventual, en exceso del cumplimiento de un deber.
Según la acusación de la fiscalía, avalada por el juez de garantías Luciano Hermosilla, Galeano ingresó al hospital alrededor de la 1.24 en estado de alteración, portando un cuchillo y pidiendo auxilio. Los policías lograron que dejara el arma, pero luego realizaron una maniobra de reducción física que, según la hipótesis fiscal, le provocó graves lesiones en el tórax y su posterior muerte.
La fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega detallaron que Orellana derribó a Galeano y ejerció presión sobre su torso con la rodilla, mientras Facci le sujetaba las piernas. Ontiveros y Torrico se arrodillaron sobre su espalda para inmovilizarlo, boca abajo y esposado, durante más de 15 minutos, tiempo en el que Galeano manifestó en reiteradas ocasiones que no podía respirar. Perdió el conocimiento y, pese a las maniobras de reanimación del personal médico, falleció.
La autopsia estableció un traumatismo cerrado grave de tórax, neumotórax y fracturas bilaterales de costillas, lesiones que la fiscalía vincula con la maniobra de reducción. La acusación sostiene que los agentes debieron prever el riesgo de muerte por las características del procedimiento, aunque no habrían buscado directamente ese resultado.
El juez Hermosilla rechazó la calificación de torturas seguidas de muerte planteada por la querella y convalidó la imputación fiscal. También descartó la imputación contra otros dos policías por falta de elementos suficientes. La causa fue declarada caso complejo con un plazo de investigación de un año.
El magistrado no hizo lugar a la suspensión preventiva de los imputados, pero ordenó un oficio a la Jefatura de Policía para un cambio de funciones, así como una prohibición de contacto entre los efectivos y con los testigos del expediente.