La reforma reemplazará la normativa de 1980, con cambios en la edad de imputabilidad y en el esquema de sanciones juveniles.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece cambios en la forma en que se aborda a los adolescentes que cometen delitos, entra en vigencia desde este sábado 5 de septiembre en todo el país.
El principal cambio está dado en la edad de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años, estableciéndose sanciones diferenciadas según la edad y las circunstancias del delito, con un enfoque en la educación, la resocialización y la reintegración social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Si un joven de esas edades es acusado de cometer un delito alcanzado por el régimen, podrá quedar sometido a un proceso penal juvenil.
¿Cómo funcionaba hasta ahora?
Hasta la entrada en vigencia del nuevo régimen, los adolescentes menores de 16 años no eran punibles. Los jóvenes de 16 y 17 años, en cambio, podían quedar sujetos a un proceso penal, aunque bajo un sistema especial y con medidas diferentes a las aplicadas a los adultos.
Así fue el caso que generó la apertura del debate de la baja en la edad de imputabilidad en Chubut, con el crimen del estudiante Gonzalo Guenchur, quien fue asesinado en mayo de 2024 en Comodoro Rivadavia a manos de un menor de 15 años que no pudo ser juzgado por el homicidio.
Qué cambios habrá desde hoy
Desde este 5 de septiembre, la franja de edad se amplía. Los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser sometidos a un proceso penal juvenil cuando se les atribuya un delito contemplado por la nueva normativa.
Esto no significa que recibirán el mismo tratamiento que un adulto ni que automáticamente serán enviados a prisión. El sistema mantiene un enfoque específico para adolescentes y prioriza medidas destinadas a la responsabilización, educación, resocialización y reintegración social.
En caso de que sea necesaria una privación de libertad, desde el Ministerio de la Defensa Pública remarcaron que debe tratarse de una medida excepcional y lo más breve posible, acompañada por herramientas que permitan el regreso progresivo del adolescente a la comunidad.
La aplicación del nuevo régimen tendrá una particularidad: mientras la Nación establece las nuevas reglas de responsabilidad penal, las provincias conservan competencias vinculadas con los procedimientos y el funcionamiento de sus sistemas judiciales.
Por eso, en Chubut será necesario compatibilizar la nueva normativa nacional con las disposiciones del Código Procesal Penal provincial.
El secretario de Coordinación Política Institucional del Ministerio de la Defensa Pública, Germán Kexel, explicó que la aplicación deberá analizarse de acuerdo con cada caso y que será necesaria la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en el sistema.
Según los datos aportados por Kexel, actualmente hay tres adolescentes privados de libertad en Chubut. Además, señaló que las investigaciones iniciadas durante el último año vinculadas con adolescentes registraron una disminución del 50% y que más del 90% de los casos corresponden a delitos contra la propiedad sin violencia sobre las personas.
El objetivo: responsabilizar sin perder la reinserción
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal no implica aplicarles automáticamente las mismas respuestas que a los adultos.
El objetivo declarado es que exista una respuesta frente al delito, pero que también se trabaje sobre las causas y las posibilidades de reinserción de cada adolescente.
Chubut cuenta actualmente con dos dependencias destinadas al alojamiento de adolescentes privados de libertad, ubicadas en Trelew y Esquel.
El desafío, a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen, será fortalecer el trabajo conjunto entre Justicia, seguridad, educación, organismos de protección y las familias para que las medidas adoptadas no se limiten a una sanción.
El objetivo, según advirtió el funcionario, es evitar que “adolescente y delito vayan de la mano” y lograr que la responsabilización por un hecho delictivo pueda convertirse también en una oportunidad para la reintegración social.
Ya en marzo pasado, desde la Defensa Pública de Chubut habían advertido que la participación de jóvenes en el sistema penal provincial era baja y estaba concentrada en delitos contra la propiedad.
Abordaje desde una perspectiva restaurativa
El Superior Tribunal de Justicia y la Defensa Pública acordaron poner en marcha una formación específica para quienes intervienen en el sistema penal juvenil. La iniciativa busca sumar nuevas herramientas para el tratamiento de estos casos.
El convenio permitirá avanzar con la implementación del programa “Prácticas restaurativas con adolescentes en los procesos penales”, destinado a magistrados, funcionarios, equipos técnicos y otros integrantes que trabajan dentro del Sistema Penal Juvenil.
El enfoque de justicia restaurativa plantea una forma de abordar los conflictos que prioriza el diálogo y la reconstrucción de los vínculos comunitarios, además de considerar las consecuencias del hecho y la participación de las personas involucradas.